La calificación de falta grave por su actuación en la sentencia N° 948 que prohibió la protesta popular, debería establecer el Consejo Moral Republicano con el fin de destituir a los siete magistrados de la Sala Constitucional.
Así lo solicitaron 20 organizaciones civiles y no gubernamentales a la fiscal general de la República, quien forma parte del órgano del Poder Moral.
“Los magistrados integrantes de la Sala Constitucional pretenden prohibir, no sólo a los diputados sino a todos los ciudadanos de la República, la convocatoria y realización de manifestaciones y actos de protesta contra las actuales autoridades de los Poderes Públicos”, expresa un comunicado de las ONG´s.
La petición fue formulada por un conglomerado de organizaciones que agrupan a distintos sectores de la sociedad civil, entre ellas Expresión Libre y el Foro Cambio Democrático. Como justificación, señalan la franca violación del artículo 68 de la Constitución por parte de quienes integran la máxima instancia del Poder Judicial.
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”, explicó Enrique Ochoa Antich, uno de los solicitantes.
“Solicitamos a la fiscal Luisa Ortega Díaz, en su condición de directora y responsable del Ministerio Público, que considere solicitar al Consejo Moral Republicano la calificación de falta grave cometida por los magistrados que integran la Sala Constitucional el amparo cautelar dictado en la sentencia número 948”, señaló.
