Alberto Gámez: Arrancar el año es cada vez más difícil

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El Gobierno insiste en “atacar al sector empresarial y culparnos de un cerco económico” para “justificar una nueva extensión del Decreto de Emergencia Económica”, pero “jamás me imaginé que los empresarios venezolanos tuviésemos tanto poder como para detener los aviones que traerían los nuevos billetes al país”, comentó de manera reflexiva el presidente para Lara de la Federación de Cámaras  y Asociaciones de Comercio  y Producción  de Venezuela (Fedecámaras), al referirse al actual escenario económico y jurídico sobre el cual se desenvuelve el empresariado.  Reiteró que las decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional, así como sus efectos, son “con total intención y premeditación”.

El empresario larense manifestó que “sólo con los problemas que se han presentado con la introducción del nuevo cono monetario, se puede ver la improvisación del Gobierno en el tema económico”.  A juicio de Gámez, “hubiese sido más fácil, eliminar de nuevo los tres ceros a la moneda”, para así evitar gastos de impresión.

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-No creo que el Gobierno y su gente, sus economistas, no sepan lo que están haciendo, llevando  al país en medio de tantas desviaciones… Es intencional.

Acotó que el tema monetario, así como la falta de cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela, mantienen a los sectores productivos en “ascuas”.

En este sentido, expresó que el Decreto de Emergencia Económica  es una muestra más del descontento del Gobierno nacional con la Asamblea Nacional (AN), a la cual tampoco presentó su memoria y cuenta. Lo hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a lo cual Gámez agregó que es un organismo integrado por “magistrados que no son especialistas en materia económica”.

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Silencio peligroso

Lamentó que el actual gabinete ministerial, en especial los que están directamente relacionados con el área económica, “se mantengan en silencio”, lo cual elimina cualquier expectativa de cambio.

Al consultarle sobre las reuniones que han sostenido con representantes gubernamentales, acotó que les han solicitado un “tabulador de salarios”,  que sostuvo no es aplicable para la actual economía del país y los constantes decretos de incremento salarial.

Acotó que las condiciones    demandan una discusión tripartita (gobierno, empresa y trabajadores), para debatir el tema.

 

Cierran las empresas

En materia salarial recordó que el pasado lunes, 17 de enero,  27 empresas de Lara que habían tomado vacaciones colectivas en periodo decembrino, notificaron a la cúpula regional que no retomarían sus actividades, entre otras razones, por el incremento en costos que representó el reciente ajuste salarial a Bs. 40.638,15.

Otras empresas han puesto como plazo el mes de febrero, a fin de evaluar las posibilidades existentes, para mantenerse abiertas. De no haberlas, se sumarán a la lista de empresas cerradas durante el 2017.

Detalló que retomar las actividades ha sido complejo para múltiples empresas, ya que se encontraron con incrementos en precios de materias primas, productos terminados y servicios, los cuales oscilan entre el 22% y el 30%. Debido al efecto en cadena, esto podría representar  ajustes en costos totales de producción de hasta el 50% o más.

-Si antes compraba cuatro artículos hoy compro  sólo uno… Mañana no sé si podré.

Puntualizó que la reposición de  inventario se ha vuelto una de las tareas más complejas para los sectores productivos.

 

Casas de cambio no solucionan

Con inicio de actividades de casa de cambio en ciudades cercanas a la frontera, “no se solventará problema de divisas”, comentó Gámez, quien detalló que para ello se requiere la libre convertibilidad.

-Ese dólar a 10 bolívares es un mal que genera más y más corrupción y que sólo enriquece a  los afectos al Gobierno, los únicos que tienen acceso a él.

El empresario cuestionó que la medida anunciada sólo tome en cuenta a Italcambio, como  casa de cambio y que además la tasa sea impuesta. Debería resultar de la  oferta y la demanda.

Asimismo, rechazó que se implante sobre un eje fronterizo diseñado por el ejecutivo y no en todo el país o al menos las zonas más cercanas a la frontera, donde realmente se experimenta el intercambio internacional.

Los efectos negativos se observarán cuando inicie el flujo de cambio fronterizo.

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