#ESPECIAL Leopoldo López, tres años preso en Ramo Verde

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Llamando a una salida constitucional de este gobierno al que denominó autoritario y lamentando la pérdida de la prensa independiente en Venezuela, el economista Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular, y ex alcalde de Chacao en dos períodos consecutivos (2000-2008); luego de pronunciar estas últimas palabras en libertad, en la plaza Brión, el 18 de febrero de 2014, se entregó a la Guardia Nacional, advirtiendo sobre un “sistema de justicia corrupto”.

Antes de perder su libertad, López expresó que si su encarcelamiento ayudaba a los venezolanos a despertar de una vez por todas y pedir cambio, entonces valdría la pena el sacrificio.

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Desde ese entonces han transcurrido tres años, tiempo que lleva detenido el dirigente político.

El juez que lo encarcela

El encargado de ordenar su detención, dos días después de los hechos, fue el Juez de Garantías Ralenis Tovar Guillén, en respuesta a los presuntos cargos de incendio de edificio público y daños a la propiedad pública en carácter de determinación, así como instigación a delinquir y delito de asociación para la delincuencia organizada.

El rechazo fue masivo

Las reacciones no se hicieron esperar: organizaciones de Derechos Humanos alrededor del mundo condenaron el arresto contra López. Amnistía Internacional lo llamó en un comunicado del 19 de febrero, como un intento motivado políticamente para silenciar a la oposición y Human Rights Watch acusó al gobierno venezolano de adoptar las clásicas tácticas de un régimen autoritario.

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Human Rights Foundation declaró a López como prisionero de conciencia el 20 de febrero y llamó a su liberación inmediata.

Condenado mediante sentencia firme

López fue condenado por la jueza Susana Barreiros, mediante sentencia firme el 10 de septiembre de 2015, quien le impuso la pena de pagar 13 años, nueve meses y siete días de prisión, que cumple en el recinto militar de Ramo Verde.

Se le imputaron los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad pública e incendio intencional, al ser señalado de cometer estos hechos el 12 de febrero de 2014, durante una marcha antigubernamental, cuyo resultado terminó con destrozos en la sede de la Fiscalía, tres muertos y decenas de heridos, hechos que el gobierno le endosó a López y que las instancias de justicia no le permitieron defenderse debidamente con todas las pruebas presentadas, violando el derecho a la defensa.

El Ministerio Público rechazó casi todas las pruebas de López, mientras aceptó un 96% de las pruebas promovidas en su contra, haciendo imposible e injusta la oportunidad para que López respondiera a las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.

Sobre el particular, el profesional del derecho señaló que el fallo del referido Tribunal era absolutamente censurable y con el mismo la jueza violaba la Constitución, las leyes venezolanas y pactos internacionales en materia de derechos humanos.

El caso involucra a estudiantes

Cabe destacar que el líder político no es el único a quien involucran en este caso, también a los estudiantes Marco Coello, Cristian Holdack, Ángel González y Damián Martín.
A López, Holdack y Coello les imputaron los mismos delitos, mientras a Ángel González y Damián Martín, solo les calificaron asociación para delinquir e instigación pública.

Oposición hace esfuerzos

A pesar del esfuerzo de la oposición venezolana que llegó mediante votos a la Asamblea Nacional, luego de 17 años sin ser mayoría en el parlamento, de luchar por la libertad de López y de otros opositores encarcelados, no lo ha logrado a la fecha.

Una de las banderas que utilizó la oposición en campaña electoral para hacerse del poder y llegar a los curules de la Asamblea Nacional era liberar a los presos políticos y acabar con las colas, no obstante, ambos problemas se mantienen intactos en Venezuela, para un parlamento en el que todos sus actos y decisiones son declarados nulos por el resto de los poderes públicos nacionales.

Es de recordar que el parlamento nacional aprobó, sin el apoyo del oficialismo, una ley de amnistía y reconciliación para lograr la liberación de López, pero la normativa fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Diligencias legales

La defensa de López accionó los procedimientos legales en las instancias correspondientes que señala la ley sustantiva y adjetiva venezolana procurando la absolución del dirigente, sin éxito alguno.

Es así que luego de introducir un recurso de apelación sobre la sentencia, en la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas, la misma ratificó la condena al dirigente de oposición en las mismas condiciones, términos y circunstancias de la sentencia de primera instancia, señaló su defensa, abogado Juan Carlos Gutiérrez.

Dicha corte también hizo firme la medida contra Holdack, 10 años de cárcel y González y Martín, cuatro años y seis meses de prisión.

Los jóvenes gozan de una medida humanitaria que no los obliga a estar recluidos sino a presentar periódicamente ante los tribunales.

Recurso de casación desestimado

Posteriormente, en el mes de julio de 2016, el profesional del derecho solicitó un recurso de casación contra la decisión de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones en mención, que había ratificado la condena, pero la plenaria de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió desestimar el recurso de casación presentado por la defensa del político y de los estudiantes Demián Martín, Ángel González y Christian Holdack.

Elimina aspiraciones a López

Esta decisión de la Sala de Casación Penal elimina momentáneamente el deseo de López de aspirar a la primera magistratura de la República, debido a que el caso quedó cerrado jurídicamente porque se agotaron todos los recursos que la legislación venezolana contempla al llegar a la última instancia, por consiguiente, la Constitucional determina que no puede aspirar a la Presidencia de Venezuela quien esté sometido a una condena cuya sentencia sea definitivamente firme.

Sentencia a otras instancias

Juan Carlos Gutiérrez adelantó, primeramente, un equipo de abogados revisará la sentencia a profundidad y luego se pronunciarán públicamente.

Más adelante, tiene previsto acudir a instancias de derechos Humanos de Naciones Unidas a presentar el caso en un documento.

Indicó Gutiérrez que solo resta esperar las actuaciones que legales tendrán fuera del país, a la espera que Leopoldo López recobre la libertad.

 

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