Los Escenarios del País: Implicaciones de la validación de los partidos políticos

Ingrid Jiménez Monsalve | Ronald Rodríguez |

Nunca antes en nuestra historia la suerte de la República estuvo atada a un trámite burocrático.

A partir del próximo 4 de marzo asistiremos al proceso de renovación de nóminas de los partidos políticos, en el cual numerosas organizaciones deben validar sus militantes ante el CNE.

Este proceso es legal y el CNE está dando cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del año pasado, que ordenaba al órgano electoral exigir a los partidos políticos la renovación de sus nóminas y la verificación a través de mecanismos de comprobación electrónica (captahuellas).

Por esta razón se exige a los partidos presentar el equivalente al 0,5 por ciento del padrón electoral vigente para los comicios parlamentarios del año 2015, en por lo menos 12 estados del país. En las últimas elecciones los partidos renunciaron a sus tarjetas y se agruparon en alianza electoral en torno a las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática y el Gran Polo Patriótico. Son 59 los partidos que deben renovarse. Entre estos se encuentran: Acción Democrática, Avanzada Progresista, Partido Comunista de Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular, Redes, La Causa R, Tupamaros y Un Nuevo Tiempo.

En tal sentido, el CNE dispuso de 366 puntos y 421 máquinas desplegadas en todo el país ubicadas en las plazas Bolívar de las capitales de estado para el cumplimiento de la renovación y cada partido decide en cuáles estados se renovará. El CNE considera que los ciudadanos no pueden pertenecer a dos nóminas y por ende se tomará como válida la última manifestación de voluntad.

Y, por si fuera poco, habrá un proceso de “reparo” en el que los ciudadanos pueden impugnar la nómina de manifestación de voluntad.

Y es que, a pesar de ser un procedimiento aparentemente rutinario, constituye una amenaza de ilegalización para la mayoría de los partidos políticos que hacen vida en el país, debido a la metodología y logística a utilizar por parte del máximo ente electoral que puede dificultar en extremo la validación de los militantes y el incumplimiento de los requisitos.

Según la Ley de Partidos Políticos, la cancelación de un partido político se produce cuando este obtuvo su inscripción de manera fraudulenta o su actuación no se ajusta a las normas legales.

Estas disposiciones constituyen una seria amenaza a los partidos como instituciones fundamentales de los regímenes democráticos y una restricción aún mayor al pluralismo político, ya bastante limitado a raíz de la eliminación de la representación proporcional de las minorías en el año 2009.

Si los partidos no logran superar la alcabala de la validación perderían su derecho a participar en los próximos procesos electorales y se reduciría de manera notable la naturaleza competitiva de nuestras elecciones, así como el valor del voto como instrumento de cambio político, tan arraigado en nuestra cultura política.

A pesar de que la tarjeta de la MUD y del Gran Polo Patriótico continúan vigentes, es necesario recordar que tampoco es seguro que los factores de oposición puedan utilizar la tarjeta de la MUD para futuras elecciones, porque en el TSJ pesa una acusación sobre la MUD realizada por algunos dirigentes del PSUV, que la denunciaron por fraude en la recolección de firmas a favor del referendo revocatorio el año pasado.

Además, hay otra implicación que no tiene relación directa con este proceso, pero que no deja de ser trascendental: la incertidumbre con respecto a la realización de las elecciones regionales que por mandato constitucional debieron realizarse en diciembre pasado. El CNE ha argumentado que hasta tanto no termine el proceso de validación no se convocarán las elecciones regionales, a pesar de que su presidenta las había anunciado para el primer semestre de este año.

La lucha por los derechos políticos debe darse en todos los espacios posibles, incluso bajo las peores condiciones de inequidad, y por eso este proceso de validación debe pasar de ser un mero asunto partidista a un asunto de interés colectivo orientado a la sobrevivencia de los partidos como base de la institucionalidad democrática y de su reconstrucción futura.

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