Desde comienzos de 2016, con la llegada de Miguel Pérez Abad a la vice-presidencia del área económica, se abandona la política de control de precios, vigente desde 2003. Sin la estridencia característica se asiste a un proceso dual, que asomamos en escrito anterior: liberación de precios en el sector mercantil de la economía y asignación arbitraria de precios en el sector “protegido”. El sector mercantil son todos los que adquieren productos en mercados sin restricción de acceso. El sector protegido está conformado por los beneficiarios de las cajas de alimentación que reparten, hasta ahora sin criterio conocido de acceso, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.
La diferencia de precios entre ambos segmentos proviene del hecho que el sector mercantil utiliza para su referencia de costos el dólar Simadi (alrededor de Bs. 700 por dólar) o el dólar paralelo, 4 veces mayor. Y el sector protegido usa el dólar a Bs. 10. Pero esta diferencia no es la única. Cuando decimos “asignación arbitraria”, quiere indicarse el precio “puesto” a la cesta de bienes suministrada por los CLAP puede ser cualquiera, en razón de que está ocurriendo un intercambio de petróleo por comida a nivel internacional. Y, en estricto sentido, el petróleo no le cuesta nada al Estado, tal como demostró Bernard Mommer (representante actual de Venezuela ante la OPEP), en su ya clásico estudio de los Valores Internacionales (1986).
El sistema de precios adoptado no es tan novedoso. De hecho, para casi todos los productos existían dos precios, uno etiquetado en el empaque y otro dejado al libre albedrío de los llamados bachaqueros en el mercado negro. Detrás de ello, como ya dijimos, están dos tipos de cambio. Ideológicamente este esquema es útil. Sugiere la idea de un gobierno bueno, protector, que subsidia los sectores de bajos recursos y mantiene a raya la inflación y a especuladores, a quienes hay que perseguir y castigar.
El esquema de asignación de los CLAP pudiera asemejarse con lo que se conoce en la literatura especializada como discriminación de precios con segmentación de clientes. Pero no es válida la comparación. En el segundo caso hay una idea de justicia social y función redistributiva del Estado. Quitar a unos para dar a otros. Supone la teoría económica la existencia de un sector social pudiente que tiene medios suficientes y está en el deber de costear los subsidios que se conceden al sector de bajos recursos. Eso es encomiable y plausible, a pesar de que, con seguridad, aparecerá el arbitraje (bachaqueros, que compran barato en un lado para vender caro en el otro). Pero esa no es la idea que subyace al esquema en curso.
La Sundde autoriza a diestra y siniestra aumentos de precios, o sencillamente se desentiende. Empezando por aquellos bienes que provee el mismo Estado (gasolina, café, azúcar, aceite, etc.), porque así mejora el abastecimiento y alivia las colas. En este sentido, es un paso correcto. Y también lo hace porque precios altos significa aumento de la recaudación tributaria, para financiar sus planes. Recuérdese que cada vez que gastamos el salario del mes, entregamos cerca de 20.000 bolívares en forma de impuesto, para financiar el gasto gubernamental, en eso consiste el IVA. Y precios altos significa mayores contribuciones empresariales por concepto de ISLR.
Llegados aquí, hay que precisar dos cosas. Considerando la política de obligatoriedad de las empresas de vender el 50% de la producción de ciertos bienes a los CLAP o a redes públicas para su comercialización subsidiada, y valorando nuestra estructura socio-económica concentrada hacia la pobreza, ¿cómo es que las cajas se llenan con productos importados? Y, cabe preguntarse, si tales cargas recaen efectivamente sobre quiénes financiarían los subsidios cruzados, y si este esquema de precios resulta eficiente, socialmente deseable e incluso voluntariamente sostenible. ¿Alcanzan las cajas de productos importados para abastecer el 80% de la población sumida en la pobreza, según estadísticas competentes?
El segundo aspecto es la conformación de los CLAP. Cito textualmente: “Comienza por la designación por parte del Estado mayor –estadal y municipal- de los representantes de una mujer, UBCH, Frente Francisco Miranda y Consejos Comunales quienes asistirán a su comunidad para acompañar la elección en la asamblea popular del Jefe de Comunidad, un Jefe de Calle, un Representante de la red de Productores y uno de los Bodegueros. Luego de esta elección, el Estado Mayor efectuará una asamblea con el CLAP electo para explicar los lineamientos, definir la ruta de abastecimiento y establecer el día de la entrega casa por casa”. El presidente Maduro ha insistido en la no politización de los CLAP.
Cabe preguntar cómo interpretar el párrafo anterior y la siguiente nota de prensa.
“El Estado Mayor Central estará dirigido por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros y lo conformarán el Tareck El Aissami, Elías Jaua, Ricardo Menéndez, Antonieta Caporale y Rodolfo Marco Torres.” (…) “Para los estados del país se han designado los siguientes ministros: (…); Lara: Carmen Meléndez e Iris Varela”. Más adelante: “Todos ellos tiene como prioridad estas dos tareas: Claps y Carnet de la Patria.”
