“El Gobierno está haciendo como los gatos; enterrando el excremento de una de sus mayores corrupciones como es el sistema hidráulico Yacambú”, aseguró el diputado a la AN, Guillermo Palacios.
El parlamentario denunció que en los terrenos donde se construye lo que sería la Ciudad Bicentenaria, al oeste de Barquisimeto, los rollos de geomembrana adquiridos para el recubrimiento del túnel de Yacambú están siendo sepultados en terraplenes sobre los que se construirán viviendas.
En compañía de dirigentes de la MUP, el parlamentario mostró el lugar donde estarían desapareciendo algunos de los rollos del material adquirido, con sobreprecio, en Miami, a través de testaferros de dirigentes chavistas, entre los que señaló al presidente de Corpolara, Luis Reyes Reyes.
“Reyes Reyes es el protector de la mafia gigantesca que se instaló en Yacambú”, afirmó.
Recordó que los rollos de geomembrana costaron al país más de 20 millones de dólares, para no utilizarlos nunca por cuanto, una vez que en el país, llegaron a la conclusión de que no era lo que se requería, igual como ocurrió con siete máquinas destinadas a su instalación, a un costo de más de 25 millones de dólares que tampoco pudieron ser utilizadas por no adaptarse a las dimensiones del túnel de trasvase.
El parlamentario reiteró sus denuncias sobre las irregularidades administrativas que se han venido cometiendo con la que se considera la principal obra hidráulica del estado Lara y del occidente del país.
Citó los nombres de Rafael Álvarez Fonseca y César Ribadeneira, ligados a ex altos directivos de la empresa Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor.
Dijo que esta nueva irregularidad será incorporada al informe que sobre el caso se encuentra en la Asamblea Nacional, además de la Fiscalía General de la República.
Tanto Palacios como sus acompañantes se preguntaron cuáles serían las razones para que el Gobierno intente desaparecer las geomembranas enterrándolas en Barquisimeto, debajo de las viviendas que desde hace años se están levantando en la avenida hacia el ferrocarril, originalmente proyectada como una ciudad judicial cuando Luis Velásquez Alvaray era presidente de la dirección ejecutiva del Consejo de la Magistratura.
