Denuncian que casos de Baduel y Tirado están en limbo jurídico

MGT | Foto: Archivo |

Tras tres años y medio de arbitrarias detenciones, los casos de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado permanecen en un limbo jurídico, destacaron sus abogados defensores, Omar Mora Tosta y Theresly Malavé.

Al respecto Mora informó que se consignó una nueva solicitud para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responda al recurso de casación que fue tramitado hace 2 años.

“Ya son 3 años y medio en que la jueza Iris Araujo condenó a Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado durante una audiencia de apelación sin la presencia de los imputados, confirmando que ellos nunca cometieron los delitos que le fueron imputados y que hoy los mantiene recluidos en una cárcel en el estado Aragua cumpliendo una suerte de condena anticipada. Luego de 3 años y medio el recurso de casación no ha sido decidido.

Supongamos entonces que hoy el TSJ declara la libertad, quién les paga estos casi cuatro años de prisión. Este expediente se mantiene congelado en una suerte de limbo jurídico y es una violación a sus derechos humanos”, explicó en un boletín de prensa.

Por su parte, Malavé señaló que el gobierno de Nicolás Maduro está en el ojo del huracán en materia de los Derechos Humanos. “Las denuncias que se han hecho ante las instancias internacionales han hecho un cumulo de casos que cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para determinar los delitos de lesa humanidad. A veces pienso que algunos gobernantes están en estado de inconciencia, porque pareciera que no entienden lo que es ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Es tan fácil darle un parado a esto; por ejemplo, la juez que tiene el caso de Gilber Caro dio 60 libertades a detenidos en protestas para no tener que enviarlos ante jueces civiles, porque desde la ONU ya están diciendo que el juzgamiento a través de tribunales militares es una violación a los derechos humanos. Hay un seguimiento firme y serio con respecto a los delitos que comete el Estado venezolano. La responsabilidad penal es individual y cada quien va a pagar por lo que están haciendo. El que da la orden va a responder pero, el que la ejecuta, también”, expresó.

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