Una jueza del Supremo Tribunal Federal de Brasil dio el viernes al mandatario Jair Bolsonaro y a su Ministerio de Justicia un plazo de cinco días para que respondan a lo dicho por la oposición de que un reciente decreto presidencial que modifica la ley de posesión de armas es inconstitucional.
El decreto promulgado el 7 de mayo flexibiliza la otrora estricta ley sobre armas del país al ampliar la capacidad de los brasileños para vender, portar y acceder a armas de fuego, medida que algunos detractores han descrito como “la reforma más devastadora sobre armas” en décadas.
La jueza Rosa Weber dijo que necesitaba más información antes de que pudiera emitir un fallo sobre la legalidad del decreto.
Igarape, un grupo brasileño de expertos, dijo que este “decreto de muerte” aumenta en forma considerable el número de personas que podrían portar armas sin autorización de la policía federal, agravando aún más la violencia en Brasil.
Un día después de que Bolsonaro firmara su decreto, acompañado de legisladores que simularon tener pistolas en las manos en señal de apoyo, el partido Red de Sustentabilidad presentó una petición ante el Supremo Tribunal Federal.
En el documento, el partido político arguyó que el decreto constituye un “abuso de la autoridad reguladora del ejecutivo” y que debería haberse sometido al escrutinio del Congreso. Agregó que la constitución brasileña prevé que le corresponde al Congreso legislar sobre la posesión, portación y registro de las armas de fuego.
Las medidas del decreto “claramente atentan contra el espíritu del Estatuto de Desarme”, escribió la Red de Sustentabilidad en referencia a la actual ley de armas de fuego de 2003.
Tanto el Senado como la Cámara de Diputados coincidieron con esa postura. El decreto “invade las prerrogativas de los miembros del parlamento”, dijo el miércoles el presidente de la cámara baja, Rodrigo Maia, que solicitó la revocación de puntos específicos.
Bolsonaro dijo el viernes que si el decreto fuese inconstitucional debería dejar de existir. Sin embargo, horas después declaró ante una multitud entusiasta en el estado de Paraná: “No vamos a retractarnos frente a quienes desde siempre han dicho que son expertos en seguridad”.
Bolsonaro insistió en haber actuado de manera constitucional.
“La vida de un buen ciudadano no tiene precio”, recalcó.
El mandatario, excapitán del ejército y legislador durante 27 años, se ha opuesto desde hace mucho tiempo al Estatuto de Desarme de 2003, que estableció 25 años cómo la edad mínima para poseer un arma, así como revisiones obligatorias de antecedentes y el requisito de renovación de la licencia respectiva cada cinco años.
Cuando fue legislador, Bolsonaro formó parte del grupo favorable a las armas conocido como “la bancada de las balas”.
En 2017, el año con más homicidios en la historia de Brasil, 63.880 personas fueron asesinadas en el país, según el Foro de Seguridad Pública Brasileña, un grupo de expertos.
