Asesinato del capitán Rafael Acosta es un delito lesa humanidad #1Jul

Pacifico Sanchez | Archivo IMP |

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en manos de funcionarios de la Dirección General de Contra inteligencia Militar (Dgim) constituye una situación de extrema gravedad, manifestó la Dra. Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, al ser consultada por el elimpulso.com.

Constituye una violación flagrante y escandalosa de los derechos humanos, y muy particularmente el derecho a la vida, agregó. Evidentemente, está comprometido el derecho a disentir.

La profesional del Derecho recordó a las autoridades que es responsabilidad del Estado proteger a las personas que se encuentran en su poder.

En el caso del capitán de corbeta Acosta Arévalo fue detenido arbitrariamente, ya que no existía ninguna orden tribunalicia y además no se le respetó el derecho del debido proceso, que es una obligación que se debe cumplir estrictamente.

En ese mismo orden, dijo que la muerte del mencionado oficial se produjo a consecuencia de las torturas físicas que le fueron infringidas, lo que constituye delito de lesa humanidad.

No hay forma de seguir ignorando casos tan graves como éste, el del concejal Fernando Albán ocurrido en octubre de 2018 y antes la llamada operación Gedeón, donde más de un mil funcionarios de cuatro cuerpos armados del Ejecutivo atacaron el sitio donde se encontraba Oscar Pérez y después que éste se había rendido, dispararon  armas de guerra para arrebatarle la vida a él y a civiles inocentes que se encontraban en un inmueble, que fue barrido para eliminar evidencias para las investigaciones.

“Tras la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo fueron presentados a un tribunal  unos presuntos responsables cuando el responsable es el Estado, aunque haya autores materiales”.

Esta es una práctica reiterada del régimen que demuestra que utiliza el exterminio como su forma de actuación.

La ciudadanía quiere conocer la identidad de los funcionarios que torturaron, así como también de los que ordenaron esas torturas y la del juez que no ordenó la investigación cuando tuvo a esta persona masacrada, planteó la ex magistrada.

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