Los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron su indignación por la muerte, previa desaparición y bajo detención seguida de torturas, del oficial superior de la Fuerza Armada de Venezuela, el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, hecho ocurrido durante la madrugada del pasado del sábado 29 de junio.
En el comunicado acusaron al régimen de promover actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración.
A continuación el comunicado completo:
1) En nuestra declaración del pasado 11 de mayo, advertimos sobre los “graves atentados contra la integridad personal de quienes protestan en paz o que, como dirigentes políticos o miembros de la Fuerza Armada se encuentran presos en los sótanos de la policía política (SEBIN) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”, a la vez que incomunicados; quienes suman el número de 688 presos políticos – incluidos 105 militares – certificado por el Secretario General de la OEA.
2) El 9 de octubre del pasado año también denunciamos la muerte bajo privación de libertad, en similares circunstancias a las del oficial mencionado, del concejal de oposición Fernando Albán, arguyendo el régimen de Maduro su suicidio; y destacamos “el desenfreno criminal represivo por parte de la dictadura venezolana, que se agrega al mantenimiento de su pueblo en condiciones de hambruna generalizada y de masiva diáspora hacia el extranjero”.
3) Dada la forma y naturaleza de tales privaciones de libertad por agentes estatales, como negarlas u ocultar la suerte o el paradero de las mismas, siguiendo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representan desapariciones forzadas de personas; las que, junto, a las torturas y la ejecución extrajudicial constituyen violaciones muy graves de derechos humanos, de suyo constitutivas de típicos crímenes de lesa humanidad que comprometen la responsabilidad de Maduro, sus colaboradores y quienes los apologizan.
4) Una vez más alertamos a la comunidad internacional y a sus gobiernos democráticos como a sus líderes institucionales sobre la situación de secuestro en que se encuentran el pueblo venezolano y sus legítimos dirigentes por parte de una organización criminal que ha confiscado los poderes del Estado; encontrándose aquél y éstos en una situación que les imposibilita lograr, por sí mismos, el cese y desmantelamiento de la satrapía que los oprime y menos – como lo creen algunos y en un contrasentido – esperar que bajo el influjo ésta se puede corregir dicho cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos o ejercer libremente, por dicho pueblo, la experiencia de la democracia, cuya columna vertebral es, justamente, el respeto y la garantía de tales derechos.
5) Los tiempos de la Venezuela en agonía se agotaron, y las dilaciones que provocan las posturas de criterio varias entre los actores internacionales y los propios organismos multilaterales de derechos humanos estatutariamente obligados a proveer soluciones efectivas a la tragedia de ese pueblo hermano marcan otros tiempos, moralmente inaceptables. Urgimos, pues, la actuación inmediata y sin matices de los gobiernos más comprometidos, como de la Corte Penal Internacional, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
