Eduardo Semtei: ante posibles elecciones es fundamental la observación internacional #10Jul

Pacífico Sánchez | Foto: Archivo IMP |

Dentro de las  condiciones básicas para que se celebren unas elecciones presidenciales en Venezuela deben tener primordialmente una observación internacional con criterios de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea con suficiente poder para determinar si el resultado fue transparente. El proceso, como constitucionalmente se encuentra establecido, debe  ser orientado por civiles, sin intervención de los militares.

Así lo sostiene Eduardo Semtei, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral y analista político, quien al ser consultado al respecto por elimpulso.com. indicó que la comisión observadora debe tener poder para determinar si el proceso fue justo y totalmente limpio. O si se produjeron situaciones contrarias a la transparencia que debe prevalecer.

Al mismo tiempo debe decidirse la eliminación de los conocidos “puntos rojos” que, a lo largo de las elecciones que se han venido celebrando, se colocan cerca de los centros de votación.

Igualmente debe ser eliminado el voto asistido, que consiste generalmente en que una persona acompaña al votante para que éste ejerza el derecho al sufragio.

Del mismo modo debe establecerse el respeto a la ubicación de los electores, quienes no podrán ser mudados administrativamente por el organismo comicial.

Y tiene que haber un sorteo supervisado de los miembros de mesas y coordinadores de centros. 

Cuando se le preguntó sobre las organizaciones partidistas y dirigentes de las mismas que han sido inhabilitados, Semtei dijo que esos son asuntos de índole políticas independientes del Consejo Nacional Electoral.

Debe considerarse en ese sentido también la prohibición de los recursos  del Estado para favorecer al gobierno, la supeditación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene la responsabilidad del Plan República, a los centros electorales y no al ministro de la Defensa y al CNE. Sólo los civiles son los que tienen la facultad de orientar, porque el proceso es civil.

Además tiene que efectuarse una auditoría a las máquinas de votación y desarrollar un software, que permita el voto electrónico a cuatro millones de electores que se encuentran en el exterior. 

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