#OPINIÓN Las voces de Penélope: Dios mira para otro lado #6Sep

Marisela Gonzalo Febres | Ilustración: Victoria Peña |

“Desamparo”, podría ser la palabra que resuma la situación de los venezolanos en unos cuantos países, especialmente en los que tienen suficientes problemas internos como para resolver los ajenos. Es el caso de Colombia, país que no ha logrado resolver los graves problemas de violencia desatados con el asesinato de Gaitán en 1948.

La organización Human Rights Watch,en un documento recientemente publicado bajo el nombre de “La guerra en el Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, denuncia la violación de los derechos humanos en la región. Para dar una idea de del número de emigrantes nuestros, cita entre otras fuentes  a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).  La misma informa que desde enero de 2017 hasta mayo de este año”…más de 4 millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años”,  lo cual según estimaciones del gobierno colombiano, “cerca de 1,4 millones de venezolanos habían huido a Colombia hasta julio de 2019”.

Según HRW, “…el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC pudo ser una oportunidad histórica para frenar los graves abusos y las atrocidades asociadas con décadas de conflicto armado. Sin embargo, la falta de control pleno y efectivo por parte del gobierno en algunas áreas que dominaban las FARC ha contribuido a que continúen la violencia y los abusos contra civiles.”La grave denuncia añade que otros grupos armados han ocupado este vacío y se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas.

Todo ocurre en la zona noreste colombiana. Del lado venezolano, hasta hace muy pocos año, el Catatumbo no inspiró temores sino  composiciones musicales -gaitas y valses- en torno a un río nuestro que aún transcurre paralelo a la frontera con el país vecino, cuyas aguas resplandecían con los relámpagos que en la zona se producen por las distintas temperaturas y humedades que al entrar en conflicto,  producen los resplandores nocturnos  que  avivó la imaginación no sólo de los zulianos, sino de los habitantes de nuestra  zonas andinas, incluyendo la mía.

La región del Catatumbo motivo de preocupación y denuncias sobre la frecuente violación de DDHH, situada  en  toda la zona noreste de Colombia, está  ocupada por  el ELN y el EPL enfrentados entre sí desde comienzos del año pasado en lo que el documento aludido se denomina, “lucha brutal por el territorio”.Conflicto que no tiene que ver con la atmósfera sino con los hombres y en el que también participan  exmiembros de las FARC que formaron un nuevo grupo armado y que en estos días ocupan noticieros internacionales y locales, removiéndonos  las fibras del alma a todos, pues ya no hay familia que no tenga su corazón puesto en algún país de este ancho pero ajeno continente, en donde viven una gran cantidad de compatriotas que huyeron a través de unas 300 -válgame Dios-  desamparadas trochas, en un sector fronterizo que sólo conoce la violencia y sirvió de paso urgente el año pasado, cuando fue cerrada la frontera entre los meses de marzo y junio  por el gobierno venezolano. 

La denuncia es muy explícita:“Los grupos armados han cometido numerosos abusos contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También han plantado minas antipersonales e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Algunos de ellos han sido asesinados.(…)Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia. Al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). “

No puede negarse la mano extendida por Colombia a nuestros paisanos. Ni los efectos que una inmigración en estampida, tenga en su propia economía. Lo lógica sería que los 273.000 pacientes venezolanos que han recibido asistencia médica del sistema de salud,  los más de 180 niños y niñas venezolanos inscritos en sus escuelas, los trabajos y empleos calificados lo hubiesen hecho en Venezuela. Tampoco que sus conflictos internos nos trajeron en el pasado, una numerosa migración colombiana que recibió la misma solidaridad, incluyendo educación universitaria gratuita.

Tibú, Ocaña, El Tarra, Ábrego, Convención y Sardinata serán nombres inolvidables para la paradoja vivida por  los miles de venezolanos que huyeron con sus familias hacia el Catatumbo colombiano y  hoy viven en situación de enorme indefensión y precariedad, carecen de luz y agua potable   amén de terminar entrampados  en una situación política, cuyo origen y solución siguen siendo lejanos, pues desde nuestro lado, incluye la solución de nuestra crisis humanitaria compleja, la caída del régimen y evitar que los grupos guerrilleros pasen de un lado al otro de la frontera, extendiendo el desamparo  e intensificando el conflicto en nuestro territorio.

Las noticias hablan de venezolanos que han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos han desaparecido y muchas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual.  El asunto se agrava por el silencio mantenido por las víctimas, quienes temen ser deportadas y por su desconocimiento previo de las características del conflicto armado en Colombia. Entre enero y junio de este año, 16 venezolanos fueron asesinados y 47 crímenes de paisanos, están bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación.

Aunque ande por ahí, Dios debe estar mirando para otro lado. OCHA, la Oficina Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, ha recibido denuncias de violencia y abusos sexuales contra mujeres y niñas venezolanas. Una buena parte visibilizados por activistas   humanitarios y funcionarios de derechos humanos, quienes han denunciado la explotación sexual de niñas venezolanas, entre 12 y 15 años,en el mal llamado “intercambio de sexo” . Demás está decir que guardan silencio por temor a la deportación del gobierno colombiano y represalias delos responsables. No sería malo preguntarse por qué un gobierno que se precia de democrático, avala grupos irregulares y extranjeros, que siembran la muerte a uno y otro lado de la frontera.

Marisela Gonzalo Febres

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