#RETACITOS #6Oct

Juan Bautista Salas | Foto: Archivo IMP |

Frustración entre un grupo de niños e indignación entre los padres y representantes, provocó la actitud de quienes gerencian Transbarca. En efecto, un grupo de niños boys scout salía el fin de semana desde Barquisimeto hasta las playas de Puerto Cabello. En horas de la tarde del día de la partida la empresa notificó que no podía llevarlos, tal como lo habían convenido, a menos que los padres pagaran 3,0 millones de bolívares, lo que originó que el paseo se suspendiera. Si los directivos de esta empresa revolucionaria hubiesen pensado, tan solo por un momento, en el daño emocional que les estaban causando a estos pequeñines (que en estas vacaciones no salieron de sus hogares) por una decisión caprichosa de alguien que pensó que se podían resolver los graves daños que tiene la empresa con estos recursos, tal vez no hubieran esperado hasta última hora, o quizás habrían tomado otra decisión, pero lo cierto es que el daño está hecho, y esta es un nuevo error gerencial que será cargado a la cuenta de Carmelina, quien ha sido la responsable de poner a esta gente que se ha encargado de contribuir al deterioro de su imagen como gobernante regional.

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Por cierto, mientras la ciudad se cae a pedazos, ya a las calles no le caben más huecos, el deterioro de las plazas y parques está a la vista de todo el mundo, aseguran que el burgomaestre achocolatado, está financiando una millonaria campaña publicitaria, utilizando además los dineros del Estado y los recursos de los impuestos que pagan los larenses, para que sean destinados a mejorar las obras de la ciudad, para tratar de crear una matriz de opinión favorable al cambio del nombre de la parroquia Juan de Villegas. Recordamos que Julito cuando estuvo de burgomaestre en la capital de Torres, intentó cambiarle el nombre a Carora, pero los caroreños le salieron al  paso y se quedó con las ganas, ese es el ejemplo que hay que seguir.

A propósito, los planteamientos formulados por el ex presidente de la Academia Nacional de la Historia y uno de los más prestigiosos historiadores de Venezuela y de América Latina, Guillermo Morón, en torno la inoportuna y extemporánea tesis de cambiar el nombre a la parroquia Juan de Villegas, deberían ser motivos más que suficientes, para que quienes están proponiendo tan peregrina idea, la desecharan, toda vez que los argumentos señalados son históricamente irrefutables. En todo caso, la sociedad larense debe organizarse debidamente y salirle al paso a cualquier acción que quieran intentar los enchufados de la revolución para imponer su tesis, sobre la cual han realizado una millonaria campaña publicitaria, tratando de vender la idea del cambio, que insisten en concretar algunas personas, quienes además ni siquiera son de la región, sino que han llegado importados de otros lugares del país y ahora pretenden, como lo han venido haciendo durante veinte años, imponerse ante el contundente rechazo de la mayoría de los larenses, quienes no encuentran ninguna razón valedera para que se cambie el nombre del fundador de Barquisimeto.

Las reacciones de rechazo a esta propuesta no se han hecho esperar, ya que lo primero que se ha dicho es que el nuevo nombre corresponde a una persona que totalmente desconocida para los barquisimetanos, mucho más para quienes viven en Quibor, Duaca, Carora, Siquisique, Humocaro y pare usted de contar, lo que pone en evidencia que la gran mayoría está en desacuerdo con la propuesta de los revolucionarios. Hemos visto reacciones que indican que si acaso con el cambio de nombre de la parroquia, el gobierno garantiza que se van a resolver los problemas del racionamiento diario de luz y de agua, la escasez de gas doméstico, va a mejorar el sistema de salud, también el transporte, se taparán los huecos en las calles, ya no se inundaran las calles y avenidas cuando caiga cuatro gotas de agua y los precios de los productos bajaran para que los venezolanos puedan poder adquirirlos y volver a comer completo. La verdad que la propuesta no podría ser más desatinada.

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Tremenda revolcada le dieron al zar de las cantinas militares, durante la última sesión plenaria del parlamento, el martes 1° de octubre, cuando se olvido que son una minoría, y pidió un derecho de palabra para solicitar que se incluyera en el Orden del Día, el caso de las fotos del Presidente Guaidó en la frontera con Colombia, caso este que el ex ministro del Trabajo y ex sindicalista del Metro, ha hecho una cuestión de honor, a pesar de su condición de ilegitimidad como diputado. Después de lanzarse con un discurso, donde lo único que destacó fue el traje “a la medida” que vestía y que debe costar varios cientos de dólares, donde se escucharon muchas acusaciones sin pruebas, luego se procedió a la votación y solamente levantaron la mano algunos, no todos los integrantes del Bloque de la Patria, por lo tanto “fue negada” y el susodicho tuvo que retornar a su curul con el rabo entre las piernas, tal vez recordando mejores épocas, cuando eran mayoría y hacían en la Asamblea Nacional lo que les venía en gana, porque tenían mayoría absoluta, afortunadamente esos tiempos ya pasaron, y el dicho expresa, que el tiempo que se va no vuelve.

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Esta semana retumbó de nuevo y con mucha intensidad por las redes sociales, el caso de la intervención e investigación del Banco San Juan Internacional (BSJI), de Puerto Rico, institución a la que le cayeron las autoridades que investigan el presunto lavado de dinero proveniente de negociaciones con la petrolera estatal venezolana, hoy en quiebra virtual. Se asegura que unos bellos hermanos que al parecer están vinculados con prominente familia de la región, dizque estarían muy seriamente comprometidos con este suculento “guiso” que ha representado alrededor de los 100 millones de dólares, en principio; incluso se ha comentado en medios políticos y económicos de la región, que estos personeros serían testaferros de enchufados que ejercieron  funciones en el gobierno regional y que al parecer aun siguen teniendo poder, aunque menguado. Este sonoro caso pudiera dar elementos a Carmelina para terminar de salir de algunos personajes que se han dedicado, en forma subterránea, a atravesarle obstáculos en el camino, para entorpecer su gestión, ella sabe muy bien de quienes se trata.

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El acuerdo aprobado por el Parlamento venezolano, rechazando el XV Censo Nacional Inmobiliario, por considerar que es atentatorio contra la propiedad privada, por tanto inconstitucional, debe convertirse en una bandera para que todas las asociaciones de vecinos de las urbanizaciones en todo el país, también lo rechacen. Asimismo se ha expresado que es un delito que funcionarios públicos están impulsando las invasiones u ocupaciones de viviendas o apartamentos de personas que, debido a la crisis, han tenido que viajar a otros países, en busca de mejores oportunidades, que el régimen no les ofrece, llegando incluso en algunos casos, como ha sido denunciado a través de los medios de comunicación, a violentar las cerraduras y cambiarlas, lo que se convierte en un vulgar y descarado robo. Por supuesto, ante el contundente rechazo de todos los sectores de la sociedad venezolana, ahora el régimen “recula” asegura que incluso los usuarios se pueden “empadronar por Internet”, pero ya antes le habían arrebatado las viviendas a varias personas a través de los colectivos armados, de los funcionarios policiales y amenazaban con que el censo lo levantaría, no el Instituto Nacional de Estadísticas, organismo facultado y con el personal técnico para hacerlo, sino con los milicianos y el partido Somos Venezuela. En todo caso, no hay que bajar la guardia y mantener la posición: “Con mi casa no te metas”.

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Verdaderamente dramática la situación que están viviendo los enfermos de VIH en el estado Lara, de acuerdo con las denuncias que han venido haciendo las organizaciones que tratan de ayudarlos, por los más diversos medios. Aseguran que al parecer en la región unas 6.000 personas estarían padeciendo de este mal. En efecto, carecen de los medicamentos retrovirales, los pocos que se consiguen en el país, los están vendiendo a precio de oro y en dólares. Las autoridades de la salud en la región, miran para el techo, cuando se producen las protestas de los afectados, pretendiendo desconocer que con su actitud están condenando a muchas de estas personas a una muerte segura, ya que esta enfermedad es progresiva, y en la medida en que no se aplica tratamiento, el deterioro de la salud se acelera; de manera que el derecho a la vida es un derecho humano que debe respetarse, se trata de seres humanos, no se puede actuar con indiferencia o desidia por un régimen, en estos momentos más ocupado en ganar tiempo para mantenerse en el poder, que en buscar solución a los grandes problema de los venezolanos como la luz, el agua, el gas   transporte y por supuesto la salud.

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Continúa siendo un karma para los larenses el suministro de gas doméstico. Los usuarios van a pagar por el servicio en las oficinas de la carrera 19 entre calles 30 y 31, para que lleven las bombonas llenas y las cambien por las vacías; pasado el tiempo y el gas no aparece hay que llevar de nuevo el recibo para reclamar, allí les dicen que el precio que pagaron no es el precio real, cuando piden el nuevo precio les dicen que no lo tienen porque no se los han enviado de Caracas, lo cual implica que habrá que pagar el diferencial cuando les llegue el nuevo precio, pero si se tardan tanto como con el suministro del combustible, cuando llegue ya será otro precio y estaremos en presencia de un “círculo vicioso”, o en términos más populares, en el más estilizado paquete chileno para estafar a los usuarios. Lo grave de este cuento, es que usuarios han llevado sus bombonas al llenadero de la zona industrial y allí resuelven su problema, pero tienen que pagar por el gas, no 12.000 bolívares que es el precio establecido, sino 60.000 bolívares; cuando cuentan esta historia, entendemos las razones de las trabas y obstáculos para que el proceso no fluya de manera normal, ya que lo que hay al parecer, es un gran negocio.

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Aún cuando causó extrañeza entre algunos de los militantes de Causa R, que no los mencionamos en la columna de la semana pasada, según comentaron en una reunión esta semana pasada; ciertamente se nos quedó en el tintero, el malestar que existe ante la nueva adquisición hecha por el ex burgomaestre sindicalista, de una fémina a quien botaron de Bandera Roja, en donde dizque hicieron fiesta con su salida, ya que la susodicha dizque es muy conflictiva, además insidiosa, enemiga de AD y de AP y supuestamente ha comenzado a hacer estragos en esta organización. Comentan sus nuevos compañeros de partidos, que dice ser profesora en el AO, sin embargo, no aparece registrada en el Colegio de Profesores ni en la Federación Venezolana de Maestros, resulta que cuando se pusieron a investigar, detectaron que ciertamente trabaja en el centro educacional, pero allí se desempeña como secretaria, de tal manera que para que no se sientan mal, esta semana nuevamente los recordé en esta sección, ya que según dicen en la región, es la única manera de que se sepa que aún  existen.

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Las denuncias hechas a través de los distintos medios de comunicación de la región, en torno al ecocidio que estarían cometiendo quienes están por detrás de la explotación de minerales en el Cerro La Vieja, parece que ha tenido sus efectos, ya que algunos de las personas que han estado exponiendo esta situación, han comenzado a recibir amenazas por parte de grupos motorizados, quienes andan en parejas y con pasamontañas en cada motocicleta, entre “gallos y media noche” andan colocando panfletos con amenazas de muerte, tratando de amedrentar y para que el tema no se siga comentando, como se ha venido haciendo hasta ahora, con todos los soportes del caso. En todo caso, es bueno alertar, que cualquier cosa que le pase a alguno de los colegas que ha publicado informaciones sobre este escabroso tema o a sus familiares, ya las autoridades saben por dónde iniciar las investigaciones, porque hasta los momentos, nadie ha salido a desmentir todo lo que se ha dicho sobre este caso, incluso en algunos caso se han mencionado con nombres y apellidos.

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Resulta insólito observar como algunos funcionarios oficiales, sobre todo a nivel regional, siguen metiéndole embustes al inquilino temporal de Miraflores, quedando muy mal ante la opinión pública que conoce la realidad, cuando se les ve diciendo mentiras sin el menor rubor. Recientemente todos vieron como Carmelina aparecía en un contacto directo con el susodicho, en una cadena nacional, asegurando, palabras más palabras menos que en Lara los pacientes tenían garantizados en todos los centros médicos y hospitales, no solamente la atención, sino también los medicamentos, cuando es público, notorio y comunicacional, que a todos los pacientes del HCUAMP, por ejemplo, le piden a los familiares de los enfermos llevar todo, incluyendo algodón, gasa, jeringas, guantes quirúrgicos, yelcos, e incluso se da el caso de que los mismos trabajadores del centro asistencial les ofrecen los medicamentos, pero hay que pagarlos al brinco rabioso, y si es con dólares mejor. La pregunta que todos en la región se hacen es: porque pretenden tapar el sol con un dedo, a quien pretenden engañar, cuando es una situación que está a la vista de todo el mundo. La verdad que no hay derecho.

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Mucho ojo. Aseguran que Corpoelec está invitando a todos los usuarios del servicio eléctrico, a estar atentos a las redes, ya que informarán sobre una serie de recaudos que hay que llevar a la empresa para un “nuevo contrato” con nombre y apellido del dueño de la vivienda o negocio, C. I., teléfono y un correo para registrar nuevamente el inmueble, lo cual suena muy sospechoso, porque la empresa tiene toda esta información. Supuestamente al dar el NIT la empresa dará a conocer el nuevo número de contrato, que es el que se usará en lo adelante para cualquier reclamo o pago en la estatal eléctrica; pero aquí viene lo bueno, después de estar registrados informaran la deuda desde marzo 2018 hasta la fecha. Una pregunta inocente, sobre que base van a fijar esa deuda si tienen años que no revisan los medidores de las viviendas debido a que no tienen personal para dedicarlo a esta actividad, reconocerán los pagos que los usuarios han hecho voluntariamente, en base a la información que la empresa les ha dado. Hay que estar atentos, porque el gobierno busca desesperadamente como obtener información que les permita mantener un mayor control social sobre la población, así que mosca.

Juan Bautista Salas

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