“Si no tienes un conocido dentro del hospital que te ayude, es muy complicado que te admitan para la atención de tu parto. Puedes quedarte en un pasadizo desangrándote y nadie hará nada”, cuenta Reymar Pinillos, de 21 años de edad, en la casa de su madre mientras le da de comer a su hijo de apenas seis meses, en el barrio de la parroquia de Caricuao, al suroeste de la ciudad de Caracas.
Cuando Reymar se enteró que estaba embarazada, lloró por varios días. No estaba en sus planes ser madre, pero dice que nunca pensó en abortar. “Si llego a tener otro hijo, será planificado porque en esta ocasión mi esposo pensó que me iba a morir. Yo también lo pensé”, dice. Ella llevó algunos de sus controles prenatales en el hospital Materno Infantil de Caricuao y en el programa Barrio Adentro de su zona, como se le conoce al programa creado por el expresidente Hugo Chávez para brindar servicio médico gratuito a las personas más pobres.
En sus últimas evaluaciones, Reymar fue informada de que debía someterse a una cesárea debido a que su pelvis era estrecha y su bebé grande. Con ayuda de su pareja y su familia, compró el kit de cesárea (guantes, antibióticos, inyecciones, gasas y otros) para la operación en un hospital de Caracas que la admitiera. Este kit cuesta el equivalente a 100 dólares a la tasa del mercado paralelo. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas 1.800 bolívares (unos 6 dólares), devaluados sin cesar por la inflación.
En el estado de emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, los pacientes deben llevar a los centros de salud públicos todos los medicamentos, e instrumentos médicos, si quieren ser atendidos.
Sin embargo, para muchas mujeres embarazadas el problema se presenta desde el proceso de admisión en un hospital. Son sometidas a un ruleteo, como se le conoce al recorrido de gestantes por varios hospitales o maternidades hasta encontrar el lugar donde puedan dar a luz. Los primeros casos de ruleteo comenzaron a registrarse antes incluso de la muerte de Hugo Chávez. Pero en los años de mandato del presidente Nicolás Maduro y la crisis económica, el fenómeno se volvió endémico.
Sin reconocer las precariedades de la salud pública, en julio 2017, el Gobierno anunció un plan de ayuda financiera denominado “parto humanizado”, dirigido a las futuras madres, a quienes ofrecía 700.000 bolívares mensuales por cada embarazo. Se buscaba atender a unas 460.000 beneficiarias de los programas asistenciales del gobierno, pero más de dos años después, Maduro reconoció que no dio resultados.
Venezuela fue el primer país en América Latina que contempló la violencia obstétrica como delito. Actualmente, mujeres a diario en el país sufren de violencia cuando van a parir y están lejos de vivir un parto respetado y humanizado.
Cuando Reymar Pinillos ya estaba en proceso de parto, recorrió tres centros de salud pública, pero fue rechazada: el Materno Infantil de Caricuao, la Maternidad Santa Ana y el Hospital General José Ignacio Baldó, también conocido como Hospital El Algodonal, ubicados al oeste de Caracas. En todos, la razón fue la falta de anestesiólogos. Unos 800 de 1.300 médicos con esta especialidad emigraron por la crisis entre 2014 y 2018, según la Sociedad Venezolana de Anestesiólogos.
Finalmente, Reymar fue atendida en el Hospital Pérez Carreño, uno de los más grandes de Caracas, gracias a que su tío conocía a un enfermero que trabaja en este servicio médico. Esta sería la primera batalla superada, pero vendrían otras más para salvar su vida y la de su bebé de un sistema de extremas precariedades de atención.
Se han dado casos de mujeres que dieron a luz en sus casas y hasta en la calle al no ser recibidas en los centros médicos estatales. A inicios de noviembre de 2019, una mujer fue grabada teniendo a su hijo en cuclillas junto a un árbol frente al hospital de Guaiparo, el más grande de Bolívar.
Venezuela fue el primer país en América Latina que incluyó la violencia obstétrica como un delito en el 2007 en la Ley Orgánica Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Según esta norma, el personal de salud incurre en violencia obstétrica cuando no atiende de manera oportuna las emergencias obstétricas; obliga a las mujeres a parir en posición horizontal y con las piernas levantadas, pese a que existen las condiciones para ofrecerle un parto de cuclillas o vertical; se obstaculiza el contacto de la madre y el niño apenas ocurre el parto y sin causa médica justificada; y se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento informado de la mujer.
Sin embargo, en un estado de emergencia humanitaria compleja, la promoción de una cultura de parto respetado se desvanece no solo por el colapso del sistema de salud, sino también porque encuentra resistencia en médicos que siguen poniendo en práctica procedimientos invasivos y no consentidos (maniobra de Kristeller o presión en el vientre para inducir la salida del bebé, medicinas para acelerar el parto, episiotomía o corte en el perineo) pese a que la evidencia científica muestra que provocan daños para la mujer y el bebé.
Los avances solo se dan en algunos servicios de atención privada donde se han incorporado doulas, una persona no médico que acompaña y facilita el trabajo de parto. “Antes hubo un esfuerzo del Estado para que las mujeres se empoderen, como se intentó con las promotoras que acompañaban a las parturientas en las barriadas, pero no se masificó. Se usó como bandera política. Por eso ahora vemos casos como el ruleteo, donde van remitiendo a la mujer de un centro a otro, que es un gran problema en este país y se considera violencia obstétrica”, dice la obstetra Carmen Mujica, de la clínica AquaMater ubicada al este de Caracas.
Pinillos fue rechazada de tres centros de salud pública durante su proceso de parto. La razón, la falta de personal, específicamente anestesiólogos. A pesar de haberle sido recomendada una cesárea en su control prenatal, a Reymar le inducieron el parto al llegar al hospital Pérez Carreño.
“Yo te voy a ayudar una sola vez, me haces el favor y colaboras”, le dijo una enfermera con tono arrogante a Reymar Pinillos mientras le presionaba el vientre durante el proceso de parto en el hospital Pérez Carreño.
Reymar llegó sangrando y lastimada a este servicio médico debido a los tactos vaginales que le habían realizado en los centros anteriores donde fue rechazada. En el Pérez Carreño no le practicaron la cesárea recomendada en su control prenatal, ni siquiera revisaron o preguntaron su historial médico cuando fue internada. Lo primero que hicieron fue inyectarle Pitocin, la hormona artificial oxitocina para inducir el parto, y la pusieron a pujar en una cama en una sala compartida con otras seis parturientas.
Si bien la oxitocina puede ser beneficiosa para evitar un trabajo de parto prolongado, “su uso inapropiado puede provocar una hiperestimulación uterina con efectos adversos como asfixia fetal y ruptura del útero, lo que aumenta el riesgo de una cascada de intervenciones durante el parto”, advierten las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Reymar se quedó sin líquido amniótico y el bebé sin oxígeno. El médico que la atendió le realizó sin su consentimiento una episiotomía o corte en el perineo para aumentar la abertura vaginal y facilitar la salida del bebé. Aún así, debido a los más de tres kilos del recién nacido y la estrechez de su pelvis, sufrió un desgarro y tuvo que ser operada para suturar la herida.
“Me colocaron la anestesia y desperté unas cuatro horas después del nacimiento del bebé. No le habían avisado a nadie de mi familia que me iban a intervenir ni que el niño ya había nacido. Estaba completamente llena de sangre y fue mi mamá quien me ayudó a asearme con un pañito. No me podía parar, no tenía ni ganas ni la fuerza para hacerlo”, cuenta.
Reymar Pinillos padeció la ausencia de personal médico tanto durante el parto como después de él. Ella permaneció hospitalizada por su bajo nivel de hemoglobina y su bebé pasó al área de cuidados neonatales debido a que sufrió de ictericia (un alto nivel de bilirrubina en la sangre). El trajín para verlo en un hospital con los ascensores malogrados hizo que se le desprendieran los puntos de la sutura de la episiotomía y tuvieran que volverle a coser. “Di a luz el lunes y el miércoles me vio una doctora nueva. Ella leyó el informe y empezó a regañar a otros médicos y enfermeros porque había tenía un parto vaginal y me habían suturado tan mal”, recuerda.
Poco tiempo después de nacer, el bebé de Reymar fue llevado al área de cuidados neonatales. Ella debía bajar dos pisos de escaleras para amamantar a su hijo, varias veces al día, porque los ascensores en el hospital no estaban en funcionamiento.
Una experiencia similar vivió Kelinger Colmenares, de 15 años de edad, cuando dio a luz a finales de 2018 en el hospital Magallanes de Catia, al oeste de Caracas. Unos meses antes de quedar embarazada, ella había sido operada de un quiste piramidal en la columna y el coxis y su condición era riesgosa para un parto natural. Por eso, le recomendaron una cesárea.
Cuando tuvo los dolores de parto fue primero al hospital Materno de Caricuao y luego a la maternidad Concepción Palacios, pero en ambos servicios le dijeron que no podían atenderla porque no había anestesiólogos y material quirúrgico. En el hospital Magallanes de Catia las admitieron, pero las condiciones sanitarias eran tan terribles que su bebé contrajo escabiosis, una infección en la piel conocida como sarna.
Todas estas carencias y vulneraciones a los derechos de las mujeres han empujado a muchas venezolanas embarazadas a migrar para traer a sus hijos en lugares seguros. Muchas han viajado a pie en los últimos meses a Colombia, Brasil o Perú para dar a luz fuera de Venezuela.
Planes que chocan con la realidad
El presidente Nicolás Maduro –siguiendo la línea de Hugo Chávez, quien más de una vez se declaró «feminista»– creó el plan nacional de formación feminista “Argelia Laya”, el proyecto de maternidad deseada, segura y feliz. Y recientemente se sumó el Plan Parto Humanizado y el Órgano Superior del Plan Nacional Parto Humanizado y Lactancia Materna, que integrará a los Ministerios de Salud, Mujer e Igualdad de Género, Comunas, Educación y Alimentación. Según las palabras de Maduro, todo esto buscando proveer «atención integral a las barrigonas de la Patria».
Pese a estos avances en materia de implementación de políticas públicas, la realidad muestra un panorama menos alentador. Según el informe de julio de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en Venezuela hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando un desabastecimiento total. En ciudades como el Área Metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Porlamar, durante el período agosto-diciembre 2018, había 100% de escasez en parches anticonceptivos, aros implantables y dispositivos intrauterinos.
Todo ello aumenta el riesgo de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes. El informe también resaltó el problema de la mortalidad materna debido a la falta de personal cualificado para atender el parto, la falta de suministros médicos y las condiciones en los hospitales.
El parto mortal de Roickmar González
La mañana del lunes 20 de mayo de 2019, Roickmar González, de 19 años, empezó a sentir dolores de parto, pero un cuadro de fiebre alta por una infección en la placenta (corioamnionitis) complicó su estado de salud. En esas condiciones, debía buscar un hospital que aceptara atenderla, en la ciudad de Macuto, en el litoral central de Venezuela.
Cuando llegó al Hospital Materno Infantil Ana Teresa de Jesús Ponce, la rechazaron y la derivaron al Seguro Social de La Guaira. En el primero no fue atendida porque no había neonatólogos. Solo le dieron un reporte médico que decía: “Paciente neonatal potencialmente séptico”. Mientras que en el segundo hospital, a pesar de haber llegado con ese diagnóstico, tuvo que esperar más de 12 horas para ser atendida.
Roickmar González fue sometida a una cesárea, pero murió en la operación. Su hija Oriana sobrevivió, aunque presentó problemas respiratorios que la tuvieron dos semanas en el hospital. “Cuando el doctor salió diciendo: ‘la perdimos’, yo no lo creía”, dice Yiraldy Briceño, abuela de Roickmar. Su nieta murió a las once y media de la noche por un “estado de embolismo del líquido amniótico y desprendimiento prematuro de la placenta”, según el acta de defunción. La familia de Roickmar presentó una denuncia contra el personal médico que la atendió ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público.
Dos mujeres mueren al día por complicaciones relacionadas con su embarazo en Venezuela y la extrema precariedad de los servicios materno-infantiles, según un informe de las ONGs Codevida y Provea con datos de 2016.
Este reportaje forma parte del proyecto “El parto robado: el lado más doloroso de dar a luz en América Latina”, liderado por la plataforma colaborativa Salud con Lupa, con apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).
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