Respeto a los derechos humanos y a las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad por el régimen en las últimas horas, exigió la diputada de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolívar, Olivia Lozano, ratificando que en Venezuela no hay Estado de Derecho mientras exista la usurpación de poderes.
En efecto, durante su intervención en el debate de sesiones la parlamentaria a distancia, aseguró que desde la Asamblea Nacional trabajarán en función de generar los mecanismos de presión internacional que contribuyan a la búsqueda de la justicia en un país carente de ésta.
“Los venezolanos vivimos en un Estado fallido y mientras se mantenga la usurpación en todos los niveles no habrá debido proceso, no cesará el hacinamiento en las cárceles», aseguró.
Lozano hizo referencia a la masacre de Guanare que dejó un saldo de 47 fallecidos y 76 heridos, en el estado Portuguesa. Agregó que dicho centro penitenciario tiene una capacidad para 750 reos pero la realidad de este centro es de 2500 internos, afirmó.
La parlamentaria se mostro sorprendida de que estos hechos de violencia no habían ocurrido antes, producto del hacinamiento y el déficit en materia penal en el país. “Sin servicios, agua, alimentos ni atención médica, judicial o social».
Recordó que el pasado 1 de mayo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, indicó que “las grotescas imágenes que recorrieron el mundo sobre lo ocurrido en la cárcel de los Llanos en Guanare, estado Portuguesa, deben servir para que todas las personas involucradas en estos hechos rindan cuentas frente a la justicia».
“El régimen podrá seguir mintiendo pero es evidente que Maduro no tiene el control. No controla el país, y urge la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional para darle estabilidad y libertad al país”, precisó.
La legisladora advirtió que mientras exista un proceso de usurpación de poderes no se podrán restablecer los servicios básicos ni garantizar la vida de los venezolanos.
Anunció que desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, están activando todos los mecanismos para apoyar el legítimo reclamo de los familiares de los fallecidos y de las organizaciones que se han pronunciado, demandando el esclarecimiento de los hechos.
