Considera el sociólogo y profesor universitario Nelson Fréitez que, aunque la población ha sido forzada a permanecer encerrada por el temor al contagio del coronavirus Covid 19, la gente seguirá saliendo a la calle a protestar por el colapso que tienen los servicios públicos.
«Si no hay energía eléctrica, tampoco le llegará a su casa el agua. Si no hay gasolina, no le podrán llevar el gas y tendrá que cocinar con leña. Si se enferman, en los centros asistenciales no le podrán aplicar de inmediato una inyección o si le dan el récipe, no comprarán los medicamentos porque el precio de éstos es muy alto. La población se está muriendo de hambre porque los alimentos son incomprables y el salario mínimo no alcanza sino para dos o tres productos. En fin, son innumerables los problemas que tiene la gente y no le queda más alternativa que protestar».
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en mayo, hubo 1075 protestas, que en promedio es de 36 por día, siendo la mayoría por falta de los servicios públicos.
Pero, lo más grave, dice el profesor Fréitez, es que cuando la gente protesta, enseguida le caen las fuerzas represivas del régimen, como ocurrió en días pasados en el sector Torrellas de Carora, El Tocuyo y la urbanización Sucre, de Barquisimeto.
«Ésta ha sido convertida en un ghetto, como hicieron los nazistas cuando aislaron a los judíos en la Alemania de Hitler. Carmen Meléndez ordenó a los cuerpos represivos atacar a los habitantes, como se había hecho en Carora y El Tocuyo, por el sólo hecho de cacerolear por la falta de electricidad», dijo.
A Giovanni Meza, agregó, impedido de un brazo, le fracturaron seis costillas al ser atacado por los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Víctima de otra salvaje agresión fue Luis Pérez, quien padece el síndrome de Down».
Estos y otros casos se han acumulado en el expediente que será elevado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos, con los nombres de los funcionarios, porque se trata de delitos de lesa humana, que no prescriben, destacó.
