Desde el 13 de marzo, fecha en que quedó prohibida la visita de familiares y abogados de los 260 militares presos por disidencia con el régimen, se encuentran desprotegidos de asistencia médica. Muchos de ellos
presentan cuadros febriles que ameritan pronta atención, informó la doctora Lilia Camejo, presidenta de la organización no gubernamental Justicia Venezolana.
Camejo manifestó a Elimpulso.com, que los familiares se encuentran angustiados porque no pueden proporcionarles ayuda alguna.
«Es preciso que estos militares, que están enfermos, con el fin de que se les haga el diagnóstico de lo que sufren, ya que existe el temor de que si se presenta un caso de COVID-19, evidentemente, el riesgo de contagio se aceleraría para todos. Requieren, por lo tanto, ese tipo de prueba
en forma urgente», afirmó.
De igual manera, manifestó la profesional del Derecho, es necesario que el Poder Judicial proceda a ordenar las audiencias y juicios que quedaron pendientes hace, exactamente, cinco meses, por cuanto se le están violando sus derechos constitucionales.
