AN: Rechazan cierre ilegal de fronteras decretado por Maduro hace 5 años para implantar grupos criminales transnacionales

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Un acuerdo que declara que la realidad de la frontera es consecuencia de un plan de captura y reconfiguración del Estado, para darle paso a grupos criminales transnacionales, liderado por el usurpador Nicolás Maduro, aprobó este martes la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional,  en su primera actuación del receso legislativo.

En el acuerdo aprobado se  rechaza el cierre inconstitucional de la frontera, decretado el 19 de agosto de 2015 por la dictadura de Nicolás Maduro Moros, el cual no fue aprobado por este cuerpo colegiado.

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En los considerandos del documento se explica que, durante el proceso de cierre de frontera, se deportó forzosamente y persiguió a más de 22.000 colombianos, se violaron de forma flagrante garantías constitucionales, y tratados internacionales, originando focos de corrupción y economía ilegal, bajo la mirada complaciente de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Se rechaza la pérdida de la soberanía nacional en los territorios fronterizos, que están tomados por grupos terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), El Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera colombo-venezolana, grupos iraníes y Hezbollah en la frontera con Brasil y costas marítimas.

Expresa el acuerdo que estos grupos ejercen el monopolio de la fuerza, a consecuencia de un plan orquestado con el objetivo de tener “territorios libres” para siembra, proceso y tráfico de drogas ilícitas, la extracción de minería, entre otras actividades de las Redes de Crimen Transnacional Globalizado. Los grupos criminales usan el territorio venezolano fronterizo como base de acción para delinquir en América Latina.

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Se recomienda en el acuerdo la creación de una nueva Ley de Frontera en conjunto con los países con quienes se comparte el territorio fronterizo de la República Bolivariana de Venezuela, apuntando al marco jurídico para la creación de políticas claras, prácticas y coherentes con la realidad de las fronteras.

Promueve la generación de informes pertinentes sobre la realidad de las violaciones a los derechos humanos en la frontera, por grupos criminales transnacionales que actualmente tienen cooptado el poder del Estado, para presentar ante los organismos internacionales concernientes a la protección de los derechos humanos, de los cuales Venezuela hace parte.

Se exhorta a la Comisión de Determinación de Hechos de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU a realizar una visita in situ a la frontera venezolana, acompañada de la subcomisión de asuntos fronterizos de la Asamblea Nacional.

Así mismo se solicita a través de este acuerdo, al Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaido a retomar la Comisión Binacional de Frontera (COMBIFRON) y continuar en sus esfuerzos por integrar a Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

5 años de dolor y muerte

Presentó el acuerdo la presidenta de la Sub Comisión de Asuntos Fronterizos, la diputada por el estado Táchira Gaby Arellano, quien afirmó que han sido 5 años del cierre de las fronteras, de dolor y muerte.

Afirmó que todas las fronteras de Venezuela están cerradas no solo por la pandemia del COVID-19, sino que hace 5 años el usurpador de Venezuela Nicolás Maduro, comenzó un plan de captación y de reconfiguración del estado a través de la frontera, para ponerlo a la orden de los grupos trasnacionales que hoy delinquen desde la frontera venezolana para generar inestabilidad en toda América Latina.

“Que no solamente esclavizan al pueblo venezolano de la frontera y todo el territorio, sino que su plan es generar ese modelo de esclavitud y humillación en todo el planeta y el hemisferio. Es allí donde debemos hacer un balance de estos 5 años queremos propuestas concretas”.

Plan hegemónico al servicio del delito

Eel estado Zulia José Luis Pirela, indicó que el cierre de la frontera ha sido una excusa para desarrollar un perverso plan hegemónico al servicio del delito, una medida inconstitucional que ha generado grandes atropellos a los ciudadanos y afectado tributariamente a ambos países.

“Este cierre incrementó las mafias consolidó las mafias incrementó el tráfico de drogas, amplió sus rutas, perfeccionó la legitimación de capitales, incrementó la cantidad de laboratorios para procesar la droga, se inició la plantación de coca en Venezuela teniendo como marco de referencia 18 hectáreas sembradas en el Municipio Jesús María Semprúm, del estado Zulia”, aseguró.

Denunció que la frontera fue entregada a el ELN, a la FARC y a una cantidad de “bandidos”, para establecer el control social políticos y económicos en esa zona. Agregó que hay fuertes rivalidades entre guerrilleros y militares por el control de los territorios.

Se acabó el comercio binacional

El diputado por Zulia, Avilio Troconiz, calificó los 5 años de cierre de las fronteras de una de las políticas más erradas de este régimen, que ha ayudado a la destrucción del aparato económico y productivo del país.

“Acabó con uno de los comercios binacionales más importantes de Latinoamérica, destruyó muchísimos empleos directos e indirectos de los venezolanos. El cierre se ha vuelto un gran negocio para los malandros corruptos del régimen y los grupos irregulares, solo ha servido para el fortalecimiento de las mafias que van desde el narcotráfico hasta la trata de personas”, subrayó el diputado Zuliano.

Maduró enterró la integración latinoamericana

Carlos Valero, diputado por el estado Táchira, aseguró que Nicolás Maduro se ha dedicado a enterrar y asesinar sistemáticamente la integración latinoamericana, comenzando con el cierre de la frontera colombo-venezolana.

“Mas de 7 mil millones de dólares de intercambio comercial había entre las dos naciones, puestos de trabajo, emprendedores, negocios, mercadería, es decir había progreso y bienestar”, recordó el diputado Valero.

Aseguró que Maduro cerró las fronteras para abrir el camino a la integración que le interesaba de los grupos irregulares, el contrabando de gasolina, de alimentos, lo que calificó Valero la “economía negra” e ilegal.

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