Migración forzada incrementa el riesgo de violencia de género contra las venezolanas

Correo del Caroní |

La falta de acceso a la salud es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas en el contexto migratorio y una de las principales razones por las que migran


A propósito del día de la lucha por la eliminación de la violencia basada en género, la Red de defensores de los Derechos Humanos de las Mujeres de Amnistía Internacional en Venezuela realizó un foro sobre la violencia de género en el contexto migratorio, a partir de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela.

La abogada senior de la organización internacional Women’s Link Worldwide, Selene Soto, destacó que la emergencia humanitaria en Venezuela ha significado un retroceso en los derechos de las mujeres.

Uno de los problemas más grave que enfrenta es la falta de acceso a servicio de salud sexual y reproductiva, lo cual incide en embarazos de alto riesgo por desnutrición en la madre -consecuencia de la crisis alimentaria- y que no recibe el debido control prenatal para salvaguardar su vida y la del bebé.

Soto se refirió al caso de una adolescente de 16 años, oriunda del estado Apure. Se trata de un caso de embarazo precoz, que a su vez refleja la falta de educación sexual oportuna y falta de acceso a métodos anticonceptivos.

La adolescente, a quien se le resguarda su identidad, también sufría de toxoplasmosis. Al no tener acceso a la salud, decidió emigrar a Colombia, donde las condiciones tampoco mejoraron su pronóstico.

En Colombia le negaron los controles prenatales, ya que allá solo garantizan el servicio de emergencias sin considerar el estatus migratorio de la persona, sin entender que entre las emergencias debe contemplarse los controles prenatales, además por la patología que presentaba.

“En Colombia, esta muchacha también fue víctima de violencia sexual. Esto indica que muchas veces se sale de Venezuela para huir de la crisis humanitaria, pero esa crisis te acompaña”, acotó Soto.

Durante el parto, no escapó a la violencia obstétrica, como también ocurre en Venezuela.

“La acompañamos en el proceso judicial, y la corte decidió que los servicios de emergencia deben entenderse con una perspectiva diferente, y que las emergencias deben garantizar el control prenatal”, destacó.

Trata de personas

Las migraciones forzadas en búsqueda de mejores condiciones de vida implica a su vez un riesgo mucho mayor en mujeres que en hombres: ser víctimas de trata. Mujeres, adolescentes y niñas que son capturadas, y mucha de ellas llevadas a Trinidad y Tobago.

La organización Women’s Link Worldwide determinó en un estudio hecho en países como México, Paraguay, Perú y Colombia, que la respuesta del Estado es débil. Se trata de un delito complejo para el cual las autoridades no tienen la capacitación suficiente, lo que provoca que los casos se invisibilicen.

Soto expuso en el foro el caso de Yolanda, identidad también bajo resguardo.

“Yolanda fue engañada en Venezuela por una persona que le ofreció un puesto de trabajo como vendedora de café en una ciudad fronteriza de Colombia. Viajó con sus hijas de 6 y 7 años, y una vez en el país, fue amenazada para que tanto ella como una de sus hijas fueran explotadas sexualmente. También fue agredida sexualmente y una de sus hijas fue abusada. Logró huir y solicitó protección, pero la Fiscalía General de la Nación determinó que su caso no se correspondía con un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución. Pese a que la denuncia penal y el desarrollo del proceso penal no son requisito para el acceso a los programas de asistencia para víctimas de trata de personas, a Yolanda se le ha negado repetidamente el acceso a la ruta de protección y asistencia”, detalla la organización en su página web.

Actualmente, su caso está en revisión de la Corte Constitucional, cuyo tribunal ordenó medidas provisionales a favor de Yolanda y sus hijas.

Situación en Bolívar

La coordinadora de Género de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), Norkis Salazar, explicó el contexto de la violencia de género en cuanto a la migración o movilidad pendular.

Codehciu ha registrado al menos tres casos de trata de persona en Caroní, estado Bolívar; una bebé raptada del Hospital Uyapar, y en cuya detención el delito imputado fue trata de persona. Asimismo, un caso en la frontera Brasil-Venezuela, cuya detención se hizo en el municipio Gran Sabana. Esta última se tipificó como tráfico de persona, que se diferencia del delito anterior porque la relación entre el que moviliza y la otra persona, culmina una vez llegan al destino.

Por otra parte, en Bolívar hay por lo menos nueve mujeres desaparecidas en lo que va de 2020, según el monitoreo que Codehciu realiza a medios de comunicación.

La mayoría de las desapariciones ocurrieron en el sur del estado Bolívar. Entre abril y julio hubo al menos cinco casos, de los cuales tres fueron mujeres que se trasladaron al sur de la entidad para dedicarse a la economía informal. Una constante en las denuncias de familiares es que las desaparecidas siempre se comunicaban con ellos, y un día dejaron de hacerlo.

Salazar mencionó el caso de una mujer desparecida en el municipio Sifontes. Fue detenida en el kilómetro 88 cuando se dirigía a Gran Sabana para comprar alimentos. La última vez que se comunicó fue para avisar que estaba apresada por no tener la prueba de COVID-19 para continuar el trayecto. Desde entonces no se supo nada más de ella.

El registro de Codehciu indica también que el municipio de Bolívar con más casos de violencia de género -según el monitoreo en prensa- es Caroní, seguido de Angostura del Orinoco (Heres) y El Callao.

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