15.000 migrantes de Venezuela afrontan la violencia armada en Nariño #17Mar

El departamento de Nariño es una representación de toda Colombia. Geográficamente, su territorio está distribuido entre costa pacífica, cordillera andina y planicie amazónica, por lo que su clima y paisajes son variados según la altitud.

Más de 1.800.000 personas habitan en este departamento colombiano fronterizo con Ecuador, de alta vocación agrícola, en donde conviven comunidades de diverso origen étnico, campesinos, desplazados internos y muchos ecuatorianos.

Toda esta diversidad está signada por el control territorial de Nariño, que por décadas se han disputado unos 15 grupos armados ilegales: el Clan del Golfo (conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), “E-30 Franco Benavides”, los “Cuyes”, “Contadores”, “Guerrillas Unidas del Pacífico”, “Guerrillas Unidas del Sur”, “La Empresa”, “Los de Sabalo”, “Los nuevos Delincuentes” y “La Gente del Nuevo Orden”.

Además, disidencias de las FARC, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), resistencias campesinas y pandillas juveniles cohabitan en Nariño. Todos los grupos armados identificados por el Ejército Nacional operan en esta región suroccidental de Colombia.   

En términos laborales, la tasa de desempleo en zonas urbanas de Nariño ronda casi el 15 %. La dinámica comercial transfronteriza legal está mermada por el cierre de la frontera entre Colombia y Ecuador, que se extenderá hasta junio próximo. Para la mayoría, generar ingresos económicos es una tarea compleja en las ciudades de Ipiales y Tumaco.

En las zonas rurales, la papa es el cultivo más representativo. La caña, el maíz, el trigo el café, la zanahoria y el tomate son otros productos apreciados. No obstante, los problemas de distribución y la competencia con algunos productos, que entran por contrabando desde Ecuador, sigue siendo una preocupación en Nariño.

15.000 nuevos habitantes

En Nariño, escenario de perennes desafíos de seguridad para el Estado colombiano, residen aproximadamente 15.000 migrantes provenientes de Venezuela, de acuerdo con cifras actualizadas de Migración Colombia. Además, todos los días transitan entre 700 y 800 venezolanos caminantes, que van en doble vía, ya sea para ingresar a Ecuador o para retornar a Venezuela.

A diferencia de lo que se observa en otras ciudades de Colombia, como Bogotá, Barranquilla y Cúcuta, en Pasto, capital nariñense, las y los venezolanos con vocación de permanencia no se ven en plazas, terminales ni semáforos, en actividades vinculadas a la economía informal. Tampoco se les ve trabajando en pequeños establecimientos como restaurantes, tiendas de ropa o talleres mecánicos.

Líderes comunitarios de la ciudad, que prefieren resguardar su identidad, refieren que muchos están radicados en asentamientos informales (invasiones) o en zonas rurales: “Hemos identificado que niños, niñas y adolescentes migrantes están siendo captados para trabajar como ‘raspachines’ (cultivadores de coca) o reclutados por grupos armados”.   

Algunas familias venezolanas encuentran refugio en municipios que siguen padeciendo el conflicto armado interno colombiano, como Barbacoas, Policarpa, Leiva, Samaniego. Y afrontan riesgos de reclutamiento y/o desaparición forzada, explotación sexual, explotación laboral y trabajos en economías ilícitas.

De acuerdo con un informe de la plataforma Humanitarian Response, hay un subregistro de los y las migrantes venezolanas en Nariño, que invisibiliza su situación de vulnerabilidad ante el crimen organizado.

En el documento de Humanitarian Response se explica que las zonas rurales de los municipios de la costa pacífica, frontera colombo ecuatoriano y de la cordillera nariñense son las más afectadas. Los problemas empeoran por el limitado acceso a servicios básicos, a una oferta educativa de calidad y a no contar con actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas de manera constante en el territorio.

Otras dificultades que afrontan las y los migrantes de Venezuela es la inseguridad alimentaria, así como la falta de acceso a agua potable y a servicios de salud.

En un intento de abordar de manera integral la situación de los y las migrantes de Venezuela en Nariño, las administraciones municipales de Pasto e Ipiales y la Gobernación de Nariño han constituido las Mesas de Coordinación y Atención a Población Migrante Venezolana.

Estos espacios, que de manera anual cambian de liderazgo, trabajan de la mano con la mesa territorial de Nariño del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que reúne a unas 20 agencias de cooperación internacional que implementan proyectos en el departamento.

Delincuencia y xenofobia

En un reciente estudio de seguridad hecho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el 68,6 por ciento se los habitantes de Pasto consultados dijo sentirse inseguro ante la presencia de migrantes de Venezuela.

Entre los delitos que mayor preocupación causan a las autoridades de Pasto destacan el hurto y el homicidio, sobre todo, en sectores como el centro y los barrios surorientales, habitados por migrantes de Venezuela. Sin embargo, los señalamientos de la policía local en cuanto a la participación de venezolanos y venezolanos en actividades delictivas, no han sido suficientemente documentados.

Particularmente en Pasto, durante el 2021 no se han registrado episodios de xenofobia o discriminación en el plano de la opinión pública. Sin embargo, líderes de la comunidad venezolana recalcan que las y los migrantes de Venezuela en Nariño siguen teniendo trabas para acceder a servicios fundamentales como la salud y educación, debido a que la mayoría está en situación migratoria irregular.

Con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la migración venezolana en Nariño aspiran que se agilice la regularización de los venezolanos y venezolanas que residen en el departamento.

Germán Chamorro, alcalde de Pasto, se ha referido en varias oportunidades, a que “se requiere una nueva ley de fronteras”, que se traduciría en un régimen especial que facilite la generación de oportunidades laborales y de desarrollo, tanto para la población de acogida como para las y los migrantes, que en teoría, propiciaría la integración entre los nuevos y viejos habitantes de este territorio colombiano.

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