Comisión Delegada condenó e investigará decisión del TSJ del régimen contra el diario El Nacional

Juan Bautista Salas | Foto: Cortesía |

Un acuerdo condenando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de confiscar los bienes de El diario El Nacional, aprobó la Asamblea Nacional legítima a través de la Comisión Delegada, anunciando que iniciará un procedimiento de investigación ante la violación de los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información oportuna, contenidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El acuerdo aprobado en la sesión ordinaria de este jueves de la Comisión Delegada, celebrada vía online, señala que la Comisión de Medios de Comunicación, será el ente legislativo encargado de hacer las investigaciones en contra de los intervinientes en los procesos judiciales que condenan los derechos de diario El Nacional.

El acuerdo fue presentado por el presidente de la Comisión de Medios, el diputado por el estado Nueva Esparta, Jony Rahal, quien señaló es deber de este parlamento legítimo construir un muro de contención a las pretensiones del régimen dictatorial de aniquilar la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene los venezolanos.

Afirmó que el régimen durante muchos años ha implementado perversos mecanismos para lograr su hegemonía comunicacional, utilizando a Conatel como pieza extorsionadora que ha censurado permanentemente televisoras y emisoras de radio alegando vencimiento de concesiones o falta de un requisito para renovar la misma.

“Ahora es peor ya que actúan como lo que son unos delincuentes, que entran a la fuerza con el apoyo de organismos de seguridad, sin orden judicial y se roban los equipos televisivos y radioeléctricos, como pasó con VPITV, que se robaron los equipos, actuando como malandros y delincuentes. También utilizan a los colectivos armados para amedrentar a trabajadores de la prensa”.

Ahora también a través de los “seudos magistrados” pretenden confiscar y robarse el patrimonio de una institución que ha sido símbolo de lucha democrática como es el diario El Nacional que no se ha doblegado a la dictadura.

“Toda nuestra solidaridad a El Diario El Nacional, a Miguel Enrique Otero, a toda la junta directiva y a todos los trabajadores de este medio de comunicación. Deploramos las amenazas que hiciera Diosdado Cabello que ya adelantó sentencias similares contra La patilla y El Diario Tal Cual”

Indicó que con esta nueva arremetida por parte de los “verdugos” de la dictadura la Asamblea Nacional debe adelantar una investigación profunda para determinar responsabilidades políticas a todo aquel funcionario público que esté involucrado en cometer estos delitos de violación de Derechos Humanos y de lesa Humanidad.

“Debemos documentar con nombre y apellido todos los violadores de derechos humanos y elevar las denuncias ante las instancias internacionales ya que en Venezuela no hay justicia para que quienes cometan estos delitos paguen por ellos”.

Control del pensamiento y la información

El diputado Oneiber Peraza, manifestó que el régimen cierra los medios porque quiere controlar los que los venezolanos piensan y la información que reciben, además de querer controlar hasta lo que se comen.

Se solidarizó con todos los medios de comunicación del país, impresos, radioeléctricos, audiovisuales y portales de noticias, con cada unos de los periodistas que han sido objeto de violencia, de persecución y detención.

“Nos estamos enfrentando a un régimen que lo único que le interesa es sostenerse en el poder, esta es una lucha para que los venezolanos podamos vivir y rescatar la democracia, que pasa por tener medios de comunicación y estar informados”.

Apoderarse de los Medios de Comunicación libres

Mientras que el diputado Eliezer Sirit, fue enfático al señalar que no hay lugar a duda que el régimen avanza en constituir una hegemonía comunicacional a lo largo y ancho del país, por eso su decisión a través del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia en contra de los bienes del diario El Nacional, que ha estado al servicio de Venezuela durante muchos años y ahora le es incómodo al régimen.

“Esta decisión persigue cercenar el derecho a los venezolanos de estar informados objetiva y oportunamente pero también de arrebatarle las posibilidades de quienes disienten y que denuncian las atrocidades, abusos y atropellos por parte de funcionarios del régimen”.

Aseguró que esta es una estrategia del régimen para apoderarse de todos los medios de comunicación social libres instaurados en Venezuela y que les son incómodos al régimen porque obstaculizan sus pretensiones de atornillarse para siempre en el poder.

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