SIP denuncia “violencia sistemática” contra la libertad de prensa en Venezuela

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes “la violencia sistemática del régimen de Nicolás Maduro a las libertades de expresión y de prensa” y los ataques a periodistas y medios, además de defender al diario El Nacional de una sentencia judicial que considera un “atropello”.

Venezuela es, junto a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Brasil, uno de los países a los que la SIP ha dedicado una resolución individual al término de su reunión semestral para analizar el estado de la libertad de prensa en el continente americano.

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La organización formada por medios de comunicación de todo el continente y basada en Miami resolvió “exigir el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente” en Venezuela.

En la resolución, la SIP se refiere a la reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia contra El Nacional que condena a ese medio a pagar el equivalente a 13,2 millones de dólares al “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, por una demanda por difamación.

«Es un grave atropello contra la libertad de prensa y una expoliación usando la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación y de esa manera cercenar el derecho de acceso a la información del pueblo venezolano”, subraya.

En Venezuela, dice la SIP, “no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político, y el régimen continúa con su campaña sistemática para acabar con la prensa independiente”.

Al afirmar que en los últimos seis meses “el régimen de Nicolás Maduro intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas y el periodismo independiente“, subraya que el Gobierno venezolano cerró ocho emisoras y los medios escritos que debieron migrar al espacio digital sufren bloqueos discrecionales y puntuales a través de las empresas que ofrecen el servicio de internet.

Además, agrega, a muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales de parte de autoridades del Gobierno con la finalidad de “silenciarlos e intimidarlos”.

Para concluir, la SIP recuerda que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.

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