El gobierno de NM está exigiendo la presentación del Carnet de la Patria para acceder a la vacuna contra el COVID. Pero, el condicionamiento de un derecho universal implica tres violaciones de los derechos constitucionales de todos los venezolanos en cuanto a Derecho a la Salud, Derechos Humanos y Derecho Internacional.
En su Artículo 83, la Constitución señala que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida…” Y el Artículo 86 indica que…”Toda persona tiene el derecho a la seguridad social que garantice la salud…”; por lo que el acceso a la vacuna no se le puede negar a nadie.
También se violan los derechos humanos al condicionar el derecho al acceso a la seguridad social ya que el Artículo 19 señala que…”El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce, y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados (internacionales) sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que se desarrollen.” Y, en el Artículo 21, señala que…”Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.” Obviamente, al exigir el Carnet de la Patria para vacunarse viola el contenido del Artículo 21 porque es harto conocido que tal carnet, proveniente del registro en el Sistema Patria, es un mecanismo de identificación, contabilidad, seguimiento político y de privilegios clientelistas para unos y de exclusión y señalamiento para otros. Por ello, tal requisito viola los artículos constitucionales referidos a derechos políticos, tales como, el Artículo 52, que garantiza el derecho a asociarse (y a no asociarse) con fines lícitos, y el Artículo 55, el cual establece que…”Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado,…, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.”
El tercer problema que presenta esta discriminación es que el gobierno de Venezuela, al discriminar, particularmente en el campo de la salud y en el caso de una pandemia, con riesgo de muerte y consecuencias desconocidas, está violando tratados internacionales que, al ser suscritos por cualquier país, prevalecen inclusive por encima de las leyes nacionales. Según el Estatuto de Roma, el acuerdo internacional que creó la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad, entre dichos crímenes se encuentran el asesinato, genocidio, terrorismo, esclavitud y la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables al derecho internacional. Esto crímenes no prescriben ni pueden ser amnistiados.
Creo que esta medida discriminativa no sólo es una tragedia para los venezolanos de cualquier inclinación política, incluyendo la supuestamente beneficiada, porque estos últimos también están sometidos a fenómeno que en sociología y psicosociología se conoce como conducta colectiva; en este caso por parte del grupo que tiene el poder en el país. En los procesos de conducta colectiva se pierde la racionalidad individual y los participantes se entregan, ciegamente y sin voluntad propia, a la marea que arrastra al grupo. Es decir, pudiéramos estar ante un fenómeno de conducta colectiva en el que el equipo que rodea a NM no se atreve a recoger la oleada de disparates que desató, propios de un movimiento ideológico cuyos lineamientos han demostrado ser fallidos a nivel de muchos países. Pero no siendo suficientes los fracasos económicos, sociales, culturales y políticos que han ocasionado en los últimos 22 años, ahora parecen querer huir en tropel y hacia adelante, en vez de decirse unos a otros “ya basta, vuelvan caras porque esto no sirve.” No, siguen amedrentando y excluyendo, cayendo en algo tan cruel como politizar el manejo de la pandemia; como Trump. En este proceso empezaron por el discurso de que no podían comprar las vacunas por las sanciones o porque el dinero con el que podrían comprarlas se lo habían asignado varios gobiernos en custodia a Juan Guaidó. Ninguna de estas excusas ha sido válida porque el gobierno de NM está comprando vacunas sin que se le haya flexibilizado sanción alguna y sin que ningún fondo asignado a Guaidó haya sido liberado. Entonces el gobierno de NM sí podía haber traído las vacunas desde meses atrás. Posteriormente, cuando Guaidó propuso traer la vacuna, la bloquearon porque era de AstraZéneca; luego, cuando FEDECAMARAS propuso traer seis millones de dosis y distribuirlas gratis, no le contestaron; hasta que, por fin, el gobierno de NM decidió traer lotes considerables de vacunas; pero optan por privilegiar a sus allegados políticos en la distribución. Una locura colectiva que no conduce a nada y tiende a convertirse en un “auto suicidio”. Si pudieran evaluar racional y no colectivamente este atropello, caerían en cuenta de que siguen socavando su propio piso.
José Antonio Gil Yepes
@joseagilyepes
