Quinientas organizaciones e instituciones de la sociedad venezolana rechazan el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, el cual está dirigido a que el Ejecutivo Nacional no sólo tenga control de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) sino que también administre los recursos que son enviadas a éstas.
El sociólogo Nelson Fréitez, profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y activista de la Red de Defensores de los Derechos Humanos del estado Lara, declaró a Elimpulso.com, que a tal efecto se ha producido un pronunciamiento muy bien sustentado.
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En primer lugar, la crisis humanitaria compleja instaurada en Venezuela, en 2015 ha traído grandes estragos en todas las necesidades básicas de la población.
Ésta, además, se ha tenido que enfrentar a los efectos de la pandemia china del virus SARS-COVID- 19, que ha causado una gran cantidad de muertes en Venezuela y dejado secuela en un número indeterminado de personas.
De igual forma son innumerables las personas que se encuentran en riesgo de seguridad alimentaria.
Y para mayor preocupación hay más de seis millones de conciudadanos que se han tenido que ir del país, debido a que no tenían condiciones mínimas para vivir.
El proyecto en cuestión de ser aprobado traería consecuencias aún más devastadoras para las personas de mayor vulnerabilidad, ya que se estaría cerrando el apoyo que ofrece la comunidad internacional.
El proyecto tiene intereses ideológicos, políticos y /o económicos, ya que su intención es controlar y castigar a toda persona u organización que no esté sujeta a la forma de pensar de este gobierno.
Existen normas e instrumentos legales para actuar en materia de cooperación internacional, pero ahora hay objetivos que no se compadecen con los Derechos Humanos con este proyecto de ley que ha sido elaborado, dijo el profesor Fréitez.
