La gestión sobre el abastecimiento de agua en todo el estado Lara, le corresponde a la gobernación del estado a través de Hidrolara de acuerdo con la Constitución y las leyes nacionales y regionales que establecen modalidades para la prestación del servicio de agua; sin embargo el Gobernador del Estado, Adolfo Pereira, pretende evadir la responsabilidad directa que pesa sobre el en la crisis del agua que hay en la región, asegura el diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios.
Explica el legislador que de acuerdo a estas modalidades, se establece que se realice a través de una empresa pública, en este caso Hidrolara C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 03 de octubre de 1994, bajo el Nº 55, tomo 25-A y creada por ley aprobada en la Asamblea Legislativa en el año 1993, a quien le fue transferida la responsabilidad de prestar servicios de acueductos y cloacas, teniendo la Gobernación del Estado Lara la mayor participación accionaria y control absoluto de las operaciones del servicio de agua y saneamiento ambiental.
Advierte Palacios que tanto la gobernación como Hidrolara tienen a la gente pasando sed, buscando agua en las quebradas y acequias o comprando agua en dólares a los camiones cisternas o simplemente recibiendo una migaja del vital líquido para resolver las necesidades de la familia y aun así pretende el Gobernador «hacerse el loco2 con un servicio que es un derecho humano de los ciudadanos.
“De manera que no hay otros responsables en la crisis del agua que el régimen de Nicolás Maduro y en Lara, el Gobernador Adolfo Pereira, quien no habla sobre este punto porque sabe que esta empresa fue quebrada en la administración de Luis Reyes Reyes y los recursos pagados por los usuarios del servicio fueron malversados en la gestión del Ing. Jorge González y los sucesores que han administrado indebidamente esta empresa”, ratificó.
Recuerda el legislador que en Lara, la crisis obedece a la falta de inversión y mantenimiento en las represas que fueron construidas antes de 1999 y que en este régimen no se han construido captaciones importantes de agua para garantizar suministro para consumo humano y riego.
“Es más, la corrupción impidió la culminación de la Represa Yacambú-Quibor que hoy se encuentra desmantelada y la Represa Dos Bocas, siendo que esta última se inició y se paralizo totalmente, lo cual afecta a los Municipios Moran, Jiménez, Iribarren, Palavecino y Simón Planas, es decir a más de millón y medio de personas. Igualmente ha ocurrido en Torres en donde hay 3 represas y la aducción que depende de Hidrolara no ha sido sustituida en el tramo de la represa Los Quediches a Carora justamente por falta de asignación de los recursos. Y en Crespo con el crimen ecológico que cometieron al intervenir los acuíferos naturales de Barro Negro, tienen a la población como camellos», dijo Palacios.
