Venezuela obtuvo 0 puntos sobre 100 máximos en la única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación ciudadana en el ciclo presupuestario nacional de 120 países.
Según informó Transparencia Venezuela este martes 31 de mayo, esta situación se presenta por tercera vez consecutiva, y agrega que el estancamiento de Venezuela en la mínima calificación, que lo ubica en la posición 117 del ranking global y en la última del continente, condiciona el promedio de América Latina y el Caribe que evidenció mejoras en los resultados de República Dominicana, Costa Rica, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Jamaica, Bolivia y Trinidad y Tobago.
«El resultado de Venezuela no sólo va contra corriente de los avances de la región, en otras partes del mundo también hubo progresos, de hecho desde la evaluación de 2008, el puntaje global promedio de transparencia ha aumentado más 20 puntos porcentuales, y la Encuesta 2021 identificó innovadoras experiencias que han permitido mayor participación e inclusión de los ciudadanos en las decisiones sobre cómo se recauda, se pide prestado y se gasta para garantizar el uso eficiente y equitativo de los recursos públicos», indicó Transparencia Venezuela.
Así mismo, añade que en cuanto a participación, Venezuela obtuvo 0 puntos sobre 100, lo que significa que la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de incidir en el proceso presupuestario, mientras que en supervisión del presupuesto la calificación del país fue de 13 puntos. Estas cifras señala la organización refleja una «débil vigilancia» de la Asamblea Nacional electa en 2020 y de la Contraloría General de la República.
En el texto, Transparencia Venezuela detalla que la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 se completó en Venezuela cuando aún estaba vigente el Decreto de Emergencia Económica, impuesto el 13 de enero del año 2016, que anuló la facultad del parlamento de aprobar el presupuesto y ejercer control de la actividad financiera.
Por último, recuerda que «la transparencia presupuestaria y la existencia de canales de participación inclusivos en el proceso aseguran que la asignación de los recursos se conduzca a las necesidades reales de la población, fortalece la confianza en el sector público y están asociados con déficits más bajos, costos menores de endeudamiento, instituciones democráticas más sólidas y mejores resultados de desarrollo».
