Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas(IDEA), se pronunciaron ante el enjuiciamiento penal al que fue sometida la expresidenta constitucional y de transición de Bolivia, Jeanine Añez, a quien le fueron dictados 10 años de sentencia por un Tribunal de ese país.
“El gobierno constitucional transitorio de Añez igualmente fue reconocido por la comunidad internacional incluyendo a Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Rusia, China y países de la región. La Unión Europea, el gobierno de España, el representante del secretario general de la ONU y la Iglesia Católica, actuaron como facilitadores de las discusiones, durante varias semanas, entre el gobierno constitucional de transición y el partido de Morales. Gracias a esa tarea se convocó a nuevas elecciones y se eligió por unanimidad al nuevo Órgano Electoral”, manifestaron los exjefes de gobierno de varios países en un documento.
Asimismo, fustigaron al actual mandatario boliviano Luis Arce, “por desconocer el carácter constitucional de su antecesora”.
De igual forma rechazaron que un juzgado local pretenda sentenciarla, acusada por el fiscal general designado por Morales, que permaneció en el cargo durante la transición y reconoció abiertamente a Añez como presidenta constitucional, imputándole haber promovido y llevado a cabo un golpe de Estado.
“Una exmandataria solo puede ser procesada ante el Tribunal Supremo en un Juicio de Responsabilidades. Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió. La expresidenta está detenida ilegalmente”, precisó el texto del grupo IDEA.
Por último hicieron un llamado a instancias internacionales para que también repudien la sentencia.
“En consecuencia, ante la imposibilidad de que el Estado boliviano garantice justicia a la expresidenta Añez, y ante el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional, consideramos que corresponde al Secretario General de Naciones Unidas, a la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez, repudiar la intención de sentencia”, finalizaron.
