Un total de 71 millones de personas de países en desarrollo han caído en la pobreza en solo tres meses, como resultado directo del aumento de los precios de los alimentos y la energía a nivel global. El impacto de esta crisis en la pobreza es notablemente más rápido que el de la pandemia de COVID-19, advierte Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en informe publicado este jueves.
El informe señala que las altas tasas de inflación han hecho que, desde marzo de 2022, el número de personas pobres en los países en desarrollo aumente en 71 millones.
En efecto, a medida que aumentan las tasas de interés en respuesta a la altísima inflación, existe el riesgo de que se desencadene más pobreza inducida por la recesión que exacerbará aún más la crisis, acelerando y profundizando la pobreza en todo el mundo.
Los países en desarrollo, que se enfrentan a reservas fiscales ya agotadas y a altos niveles de deuda soberana, así como a un aumento de las tasas de interés en los mercados financieros mundiales, tienen por delante desafíos que no pueden resolverse sin la ayuda urgente de la comunidad mundial.
El análisis de 159 países en desarrollo indica que el aumento del precio de los productos básicos ya está teniendo impactos inmediatos y devastadores en los hogares más pobres, siendo las región de los Balcanes, los países de la región del Mar Caspio y el África Subsahariana, particularmente la región del Sahel, las más perjudicadas, según estimaciones del PNUD.
«Este aumento de precios sin precedentes significa que, para muchas personas en todo el mundo, los alimentos que podían permitirse ayer, hoy ya no están al alcance», dice Achim Steiner, administrador del PNUD. «Esta crisis del costo de vida está empujando a millones de personas a la pobreza e incluso al hambre a una velocidad vertiginosa, con lo que la amenaza de más disturbios sociales crece cada día más», expresa Steiner.
Las personas encargadas de trabajar en políticas que responden a la crisis del costo de vida, particularmente en las naciones más pobres, se encuentran ante la toma de decisiones difíciles. El desafío es cómo equilibrar un alivio significativo a corto plazo para los hogares pobres y vulnerables, en un momento en que la mayoría de los países en desarrollo luchan contra la reducción del espacio fiscal y el aumento de la deuda.
«Estamos siendo testigos de una creciente divergencia en la economía global que es alarmante, ya que países en desarrollo se enfrentan a la amenaza de quedarse atrás mientras luchan para hacer frente a la actual pandemia de COVID-19, socavando los niveles de deuda y acelerando la crisis alimentaria y energética», afirma Steiner.
«Sin embargo, esfuerzos internacionales renovados pueden romper este círculo vicioso económico, salvando vidas y medios de subsistencia, incluyendo medidas decisivas de alivio de la deuda; manteniendo abiertas las cadenas de suministro internacionales; y impulsando una acción coordinada para garantizar que algunas de las comunidades más marginadas del mundo puedan acceder a alimentos y energía asequibles», explica Steiner.
Los países han tratado de atenuar los peores impactos de la crisis actual a través de restricciones comerciales, devoluciones de impuestos, subsidios a la energía y transferencias de efectivo específicas.
El informe encuentra que las transferencias de efectivo específicas son más equitativas y rentables que los subsidios.
Solamente con la crisis de la COVID-19, la deuda en los países en desarrollo se ha elevado a un máximo de 50 años, equivalente a más de dos veces y media sus ingresos, según datos del Banco Mundial.
La PNUD alertó que los países que se enfrentan a los impactos más difíciles de la crisis en todas las líneas de pobreza son Armenia y Uzbekistán en Asia Central; Burkina Faso, Ghana, Kenya, Rwanda y el Sudán en el África Subsahariana; Haití en América Latina; y el Pakistán y Sri Lanka en el sur de Asia. En Etiopía, Malí, Nigeria, Sierra Leona, Tanzania y el Yemen, los impactos podrían ser particularmente severos en las líneas de pobreza más bajas, mientras que en Albania, Kirguistán, Moldova, Mongolia y Tayikistán los impactos podrían ser todavía más severos, revela la información emanada del organismo.
