Las constantes fallas eléctricas y los bloqueos a sitios web en Venezuela restringen la libertad de Internet en el país.
Así lo advirtieron expertos en el área durante un evento organizado por Semana de la Comunidad que celebró la organización internacional Internet Society.
Entre enero y agosto de 2022, el 57 % de los casos registrados sobre violaciones a este derecho fundamental ocurren en línea, reseña Espacio Público.
Al respecto, Marysabel Rodríguez, Oficial del Programa de Observatorio Social de Espacio Público, advirtió que las fallas eléctricas impiden el ejercicio de la libertad de expresión en línea.
Rodríguez recordó que el aparato jurídico ha evolucionado para incluir en las normativas una regulación de Internet que contraría su naturaleza y afecta el ejercicio de derechos, incluyendo la responsabilidad de intermediarios.
En ese sentido, señaló que los bloqueos a sitios web se traducen en «esquemas de censura previa», prohibidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Constitución Nacional, y por otros instrumentos internacionales.
Aunque las fallas eléctricas afectan múltiples derechos, además se violenta la libertad de información, la libertad de contenidos e incluso la libertad de comunicación.
«Las fallas estructurales del servicio eléctrico tienen un impacto no solo en llegar a contenidos específicos en línea, sino también a la posibilidad que tienen las personas de comunicarse entre sí, sea para fines sociales, para fines individuales o para fines personales», señaló Rodríguez.
Agregó que existen implicaciones «que afectan el ámbito de los derechos civiles y políticos o las garantías individuales, y también tienen un impacto en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales”.
La ley contra la libertad en la web
Marysabel Rodríguez explicó que hay un conjunto de regulaciones y de leyes que presuntamente, justifican una serie de restricciones. Desde el 2010 se dio la reforma de la Ley Resorte para incluir a los Medios Electrónicos.
Además, indicó que se legaliza la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos publicados, lo que es “una contravía en el ejercicio de derechos vinculados a la libertad de información y a la libertad de contenidos, a la libertad de opinión y expresión, y eso ha tenido un impacto».
«Igual las reformas asociadas a la ley orgánica de telecomunicaciones también con el objetivo de regular los espacios en línea también datan de hace más de 10 años”, acotó.
Por otra parte, comentó Rodríguez, la estructura jurídica se ha modificado para incorporar Internet y se suman nuevos elementos. Al respecto, destacó que en el año 2017 se estableció la sanción de la determinada Ley Contra el Odio.
«Básicamente se ha utilizado para judicializar, criminalizar o perseguir a personas que expresan opiniones a través de distintas vías, incluyendo Internet”, agregó.
