Este jueves 13 de octubre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos dictó una importante decisión en el emblemático juicio instaurado por PDVSA y la Procuraduría Especial, designadas por el Gobierno encargado, para que se declare la nulidad de los Bonos PDVSA 2020 y de la garantía prendaria constituida sobre el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, propietaria de CITGO.
En este caso, la demandante PDVSA ha solicitado que se declare la nulidad de los referidos Bonos y su garantía por tratarse tal operación de un «contrato de interés público nacional» que requería de la autorización previa y expresa de la Asamblea Nacional por mandato de los artículos 150 y 187.9 de la Constitución Nacional.
En la decisión proferida, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito reconoció las posibilidades jurídicas de la argumentación venezolana, así como la complejidad del asunto y la falta de precedentes en la interpretación de las leyes de New York al respecto, por lo que, decidió elevar una «certificación» a la Corte de Apelaciones del Estado de New York, para que esta se pronuncie sobre la aplicabilidad de la ley venezolana para resolver el asunto.
Se estima que este proceso de «certificación» pueda extenderse hasta mediados o finales de 2023, por lo que se mantiene la suspensión de ejecución de la garantía sobre las acciones de Citgo, mientras que la refinadora ha producido históricas utilidades en el presente año, evidenciando la eficacia de la gestión del Gobierno interino, que bien puede servir para salvar definitivamente a la empresa de los ataques judiciales derivados de las actuaciones irresponsables de la dictadura, a través de un proceso ordenado de reestructuración manejado por PDVSA
Esta decisión pone en evidencia la fundamental importancia del seguimiento de los procesos judiciales en defensa de los activos del Estado venezolano en el extranjero, a pesar de que algunos factores de la Asamblea Nacional se han negado hasta ahora a aprobar los fondos necesarios para continuar con dicha defensa, afectando otros importantes casos, como el que se sigue para la nulidad del laudo dictado en contra de la República por parte de la empresa Conoco, por más de 8.5 mil millones de dólares.
Con información de la Procuraduría Especial de Venezuela
