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A través de un comunicado, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales fijó posición sobre el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional del 2020. Advirtió que el documento se traduce en graves violaciones al ordenamiento jurídico constitucional e internacional
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales aseguró que el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) del 2020, forma parte de una política sistemática de Estado «dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONG, de las personas defensoras de derechos humanos y de actores humanitarios».
Luego de hacer un análisis del articulado, la Academia hizo un llamado «respetuoso y firme» a la AN del 2020 «para que se abstenga de aprobar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, ya que con él se violan los derechos constitucionales y humanos de las personas, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, los defensores de derechos humanos y los actores humanitarios, así como los principios democráticos».
Llamó a la comunidad internacional para que tome conocimiento y rechace este proyecto de ley, por ser contrario a los estándares constitucionales e internacionales.
Para la Academia, el proyecto de ley «desde su exposición de motivos y en su articulado, presupone que las organizaciones de la sociedad civil son un enemigo del proyecto político de la revolución socialista, y por ello parte de la premisa errada de enfrentarlas bajo los conceptos de «soberanía» y lucha contra el «terrorismo».
A través de un comunicado de siete cuartillas, la Academia advirtió que la proyectada norma se traduce en «graves violaciones al ordenamiento jurídico constitucional e internacional y afecta derechos humanos como la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho a la participación en asuntos públicos, el principio de legalidad, la prohibición de discriminación y la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes».
Consideró que con el texto da lugar a «actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades, pues el fin legítimo, pese a que se usan conceptos como la lucha contra el terrorismo, no está claramente definido conforme a las exigencias internacionales que lo especifican. Afirmó que las medidas restrictivas que se pretenden imponer no son ni las necesarias en una sociedad democrática, ni en todo caso las menos restrictivas y proporcionales».
Por otra parte, señaló que el proyecto establece el sometimiento de las personas que dirigen y laboran en las ONG al requisito de presentar una declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República, «violándose injustificadamente su privacidad sin necesidad, justificación ni garantías». Tildó esta exigencia de ilegal.
«Configura una injerencia arbitraria y caprichosa en la intimidad de las personas que trabajan en las ONG, con el propósito de controlar e inhibir su libre actuación, lo cual viola el derecho de toda persona a la protección de su vida privada, su intimidad y confidencialidad, consagrado en el artículo 60 constitucional, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
«Este proyecto deberá ser objeto de una consideración abierta y participativa por parte de la Asamblea Nacional sobre la base de los estándares constitucionales e internacionales en la materia, siguiendo para ello los procedimientos constitucionales y reglamentarios, y dando cabida a la expresión y participación de la sociedad civil», leer el comunicado completo Aquí.
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