Democracia y Libertad: Si no se garantiza el salario, ¿cómo pueden trabajar los educadores? #13Feb

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El movimiento Democracia y Libertad no sólo se ha hecho solidario con la posición asumida por los educadores, sino que reclama el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, el cual obliga al Estado a que haya un salario vital tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado.

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En declaración suscrita por su coordinador nacional, profesor Pedro Pablo Alcántara, dice que esta organización reclama públicamente al Ejecutivo Nacional que cumpla con ese mandato. Si no se garantiza el salario vital, ¿cómo pueden trabajar los educadores?.

La Constitución dice, además, que el salario será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Esto significa que no sólo cubra los gastos de alimentación, sino los demás que cubran las necesidades de los trabajadores y sus familiares.

Cuando se habla de garantizar el derecho hay que tomar en consideración también la progresividad de los beneficios para los trabajadores y sus familias, ya que también es una obligación del Estado atender por completo a sus ciudadanos.

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Los educadores tienen que tener preparación para su mejoramiento profesional en forma permanente,  ya que en la medida que vayan adquiriendo mejores conocimientos, certificados por organismos encargados de velar por la calidad de la educación, son acreedores a mayores incrementos en sus ingresos. 

No tienen que ser dádivas generosas que se le dan por capricho de los gobernantes, sino por méritos acumulados  y eso tiene que ser tomado en cuenta para los educadores desde la educación inicial hasta la universitaria.

Este régimen ha desconocido la función que cumplen los trabajadores de la educación. Al momento, la inmensa mayoría de planteles educativos se encuentran en condiciones deplorables y, prácticamente, no aptos para la educación porque hasta los baños se encuentran dañados.

Los países desarrollados son sumamente estrictos en buscar el talento disponible para que no haya ningún tipo de duda de que trabajan en beneficio de la sociedad y, por lo tanto, hacen los concursos de oposición, en forma pública, para tener calidad en la educación. Y por tanto, es grotesca la actitud del oficialismo de amenazar con sustituir a los profesores que están reclamando sus derechos por individuos no preparados, tales como milicianos o elementos de la chamba juvenil, que deben ser rechazados por las comunidades educativas, ya que si la educación ha sido descuidada por el régimen, no se puede aceptar que el colapso sea total.

En este aspecto vale recordar que cuando Ángela Merkel era canciller de Alemania, los médicos pidieron ser recompensados como eran los educadores alemanes. Ellas enseguida les respondieron: No es posible. Ustedes alcanzaron titulaciones gracias a sus profesores. ¿Ustedes no creen que los educadores deben tener la primera remuneración del Estado?.

Y la ministra de educación de Finlandia, Li Sigrid Anderson, quien por cierto es presidenta del partido Alianza de la Izquierda, declaró no hace mucho que el desarrollo de su país se debe a tres principios: educación, educación y educación. Y, por tanto, los profesores de su país tienen formación continua para que puedan tener nuevas habilidades y saber educar mejor a sus alumnos.

Finlandia es uno de los países que tiene reconocimiento mundial por su calidad en la enseñanza, como también Singapur, Estonia, Japón y Canadá, para citar a los principales.

En nuestro continente, Costa Rica, República Dominicana y Colombia aparecen con mayor presupuesto para la educación, pero lamentablemente, Venezuela está en el último lugar. Todavía se le sigue negando el reclamo de un salario decente que están pidiendo los educadores, a quienes el ministerio del Trabajo y la Oficina Nacional de Presupuesto le cercenaron no sólo sus ingresos por concepto de trabajo, sino los beneficios que habían logrado a lo largo de años de lucha gremial.

Democracia y Libertad se une solidariamente al reclamo de los educadores porque están ejerciendo el derecho que les garantiza la Constitución, como es la de tener una remuneración adecuada a la función que cumplen en la formación de las nuevas generaciones, termina la declaración.

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