Claves | ¿Cómo la falta de gestión de riesgo climático en Venezuela vulnera los DDHH? #26Jun

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Trabajo de www.runrun.es

Junio del 2023 reforzó el inicio de condiciones de El Niño y de una nueva temporada adelantada de huracanes en el Mar Caribe, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Las instituciones norteamericanas esperan alrededor de 13 tormentas tropicales. Pero la comunidad académica internacional advierte que la frecuencia de periodos de El Niño —y su contraparte, La Niña— más intensos y su influencia en fenómenos meteorológicos extremos es cada vez mayor desde 1960. 

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«Se espera que en los próximos meses se instaure un episodio de El Niño, que ejerce un efecto de calentamiento. Sumado al cambio climático causado por las actividades humanas, elevará las temperaturas mundiales hasta límites desconocidos», dijo en un comunicado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas. «Esto tendrá repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medioambiente. Tenemos que estar preparados»

Frente a la Emergencia Humanitaria Compleja, el gobierno venezolano se excusa de pedir apoyos económicos y técnicos para prevenir futuros desastres socioambientales relacionados al clima bajo la premisa de que las sanciones norteamericanas y europeas a figuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no permite crear gestionar proyectos humanitarios.

Hasta el momento, solo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología publicó en Instagram una señal de alerta en las costas del país frente a la nueva tormenta Bret. Ninguna institución pública ha informado sobre los protocolos de mitigación y prevención frente a un posible periodo de El Niño que se prolongue hasta el 2024. 

Runrun.es detalla cómo el Estado venezolano es el principal responsable de vulnerar los Derechos Humanos en un contexto socioambiental cada vez más frecuentes.

No informa sus balances de gestión

Venezuela es uno de los países que firmó y ratificó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, un convenio de las Naciones Unidas que compromete a los Estados a mitigar las pérdidas humanas y garantizar los Derechos Humanos en casos de emergencia a través de información pública y cooperación internacional. Dentro de los desastres que menciona la ONU están los aludes torrenciales, las sequías, los derrames petroleros, entre otros.

Sin embargo, Venezuela y Bolivia son los únicos países de América del Sur que no tienen información disponible para las Naciones Unidas sobre sus avances en el registro de lluvias y la gestión de riesgos climáticos.

«En las últimas dos décadas hemos visto empeorar la capacidad de gestión del Estado venezolano en todos los asuntos ambientales», dijo Antonio De Lisio, investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela (Cenamb – UCV) y coordinador de la ONG Alianza para la Acción Climática Venezuela. «Estamos en una situación realmente de mayor vulnerabilidad. No creo que las instituciones públicas venezolanas estén preparadas para hacer pronósticos ni para evaluar la intensidad de la amenaza que representa este nuevo ciclo de El Niño, cuánto exactamente va a ser el déficit de las lluvias».

Niega las asesorías multilaterales

Para el director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV (CPyDDHH – UCV), Juan Carlos Barreto, la arista más significativa en la gestión de riesgos en Venezuela es la falta de cooperación del gabinete de Nicolás Maduro con las instituciones sobre Derechos Humanos

«La Relatoría sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da muchas recomendaciones a los Estados que  están basadas en todas las experiencias de América Latina. El Estado no reconoce ni las recomendaciones ni el acompañamiento técnico que pueden dar estos organismos de derechos humanos regionales». 

La información es la primera base para la prevención. «Y la población está en un total desconocimiento sobre el tema. El estado no brinda ese acompañamiento con políticas informativas ni educativas sobre el fenómeno que advierta y prevenga a la sociedad sobre sus vulnerabilidades, sobre todo cuando estos fenómenos involucran varios derechos humanos» como el acceso al agua, a la alimentación y a la salud. 

«La mayoría de las estrategias de mitigación de riesgo son reactivas, no preventivas. Se ven cuando ya el desastre causó el daño, y no al mitigar sus daños prevenibles», acotó De Lisio. «Cuando el Estado reconoce su vulnerabilidad, pero no invierte en instalar o mantener los embalses, centros termoeléctricos y estaciones pluviométricas que han prometido desde el año 2008, tiene clara su responsabilidad». 

No mide su impacto socioambiental

El 17 de junio se conmemoró el día internacional contra la desertificación y la sequía. Nicolás Maduro, gobernante venezolano, dijo en sus redes sociales que se debe revertir el fenómeno de la desertificación al «sumar voluntades para combatir el consumismo y la explotación desmedida de los recursos naturales». 

Pero una cosa es lo que dice su cuenta de Twitter y otra los registros de la minería y la gestión de riesgos frente a la deforestación —la pérdida de tierra fértil para el cultivo— y a la aridez en Venezuela. 

Solo con el Arco Minero del Orinoco abarca 111 843,70 km²  —es decir, 12,2 % del territorio venezolano—. Además, un equipo de periodistas de Armando.info detectó 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas que despoja de cobertura vegetal al país. Además de otros puntos de minería en estados occidentales como el Zulia y Lara. 

«Donde hay vegetación, la rigurosidad de la sequía será menor», dijo De Lisio. «El gran problema con la pérdida de cobertura vegetal es que aumenta la aridez y las cuencas de los embalses de agua pierden sus niveles. Y los recursos que, al menos, se prometen desde el 2005 no se cumplen». 

En el Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas, un documento público –en teoría– elaborado en 2016 y que se filtró a Runrun.es, se estima que la región noroccidental del país será una de las más expuestas en sequías y aridez.

Los estados Falcón, Lara, Trujillo, Zulia, Anzoátegui, Guárico, Monagas Sucre y Nueva Esparta mantienen un bioclima seco naturalmente, por lo tanto, deberían tener un plan de gestión de riesgos para mitigar los daños por las sequías junto a los estados. 

«Pero al no monitorear sus proyectos socioambientales y la deforestación aumenta el riesgo de exposición a aridez y falta de agua, alimentos y electricidad aumenta», agregó Barreto. «Son proyectos improvisados, que no en todos los casos van a funcionar, o van hacer mayor daño porque no se hace sobre las bases de un análisis proyectivo y de impacto. Ni siquiera se protege los Derechos Humanos de las personas que participan en los proyectos mineros, sean estatales o no. Tampoco la comunidad agrícola tiene un espacio para velar por sus derechos y proponer proyectos sustentables de mitigación ante la administración pública». 

La ONU publicó una guía para que los gobiernos puedan monitorear y prevenir la aridez y la desertificación en el año 2019. El primer paso para gestionar el riesgo y mitigar el impacto de la aridez es el monitoreo de las lluvias con pluviómetros. De Lisio advirtió que en Venezuela hay menos de 40 centros de medición hidrometeorológica en el país, cuando debería haber más de 100.

No atiende las vulnerabilidades 

La deficiencia en la distribución pública de los servicios del agua y la electricidad tienen larga data en toda Venezuela. Solo en el primer trimestre del año el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos anunció que 43,2 % de las poblaciones encuestadas en 10 estados del país consideran que tienen un corte de luz al menos una vez al día. 65,9 % de ese grupo afirmó que tienen «inconsistencias en el suministro de agua», desde cortes hasta recibir agua no potable. 

«Nunca hay que olvidar que al evaluar riesgos uno debe tomar a consideración la vulnerabilidad y la amenaza. Si bien el fenómeno de El Niño es algo recurrente, que es nuestra amenaza y que no podemos controlar, el Estado es quien debe actuar sobre la vulnerabilidad para mitigar los daños. Eso se logra es con una buena distribución, mantenimiento y garantía de los embalses de agua y el servicio hidroeléctrico», agregó De Lisio. 

La Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) está advirtiendo desde abril del 2023 que la mayor parte de la energía del país es de origen hidroeléctrico, que se verá afectada por las sequías y los periodos del Niño-Oscilación del Norte. 

Venezuela presentaba 27% de su territorio nacional en climas áridos para el 2010, según la UNESCO. La Acfiman estima que el territorio sin condiciones óptimas para producir alimentos llegará a 50%, lo que podría reducir la producción agrícola y el Producto Interno Bruto venezolano en 10 % en los próximos 5 años.

La gestión de riesgos no es constante

«A pesar de que el pronóstico es de un año con el fenómeno de El Niño, eso no quiere decir que no tengamos lluvias moderadas o de alta intensidad —con más de 30 milímetros de agua por metro cuadrado—. Al estar en un suelo más seco o sin cobertura vegetal puede propiciar inundaciones o aludes torrenciales o movimientos de masa. La gestión de riesgos debería ser permanente», adviertió De Lisio. 

El investigador de la Cenamb recordó que los movimientos de masa y aludes torrenciales ocurren cuando existe pendientes o poblaciones en las laderas montañosas. Pese a que la probabilidad de las lluvias sea menor en Venezuela por el fenómeno de El Niño, no se descartan riesgos y desastres como los ocurridos durante el año 2021 en Las Tejerías y El Castaño, en el estado Aragua, donde el Estado aún no ha dado un balance completo de las pérdidas humanas y materiales de los desastres y riesgos ocasionados por riesgos socioambientales

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