#OPINIÓN Visión Ciudadana: El venezolano y su laberinto esequibano #14Nov

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No tenemos ninguna duda acerca de que el territorio situado al oeste del río Esequibo forma parte del territorio nacional, conforme al principio utis possidetis iuris que sencillamente traduce: seguirás poseyendo aquellos territorios que antes poseían. Y se podrían preguntar ¿antes de que?, pues sencillamente antes de declararse la independencia del país, cuando ese territorio era el de la Capitanía General de Venezuela incorporándose la provincia de Guayana en 1819, por lo cual conformó el espacio territorial de la actual República de Venezuela. Más claro no cante un gallo.

Pero el gallo parece que estaba afónico cuando dos norteamericanos, dos ingleses y un ruso, sin participación presencial de Venezuela, firmaron el Laudo Arbitral de París de 1899. Aparentemente el gobierno venezolano de esa época tenía cosas más importantes de las cuales ocuparse y no le quitamos razón, pues estaba enfrentando una de los tantos alzamientos que nos asolaron en el siglo diecinueve. Con el voto de los dos ingleses y del ruso, se le otorgó ilegítimamente a Inglaterra en contra de la tradición históricas y de las razones jurídicas, el territorio que hoy reclamamos  

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El docto jurista en esta área, Héctor Faúndez Ledezma escribió un artículo excelente, al cual hicimos referencia en una oportunidad, en donde precisa que hasta hace un par de décadas, precisamente en la hora justa en que esta administración tomara el rumbo del país tirándolo por un despeñadero hasta el abismo en el cual hoy se encuentra, la posición de Venezuela en la controversia con Guyana era muy simple: 1) el proceso arbitral que condujo al Laudo de París fue una farsa; 2) el Laudo de París es nulo; 3) el territorio situado al oeste del río Esequibo pertenece histórica y jurídicamente a Venezuela. Le preocupa a Faúndez la terquedad del gobierno venezolano al asumir la posición de que “Venezuela no reconoce el mecanismo judicial” en cuestión como medio de solución de la controversia, pues luego de la sentencia inapelable no quedará otra alternativa sino aceptarla, como lo hará el resto de los países del mundo. 

Todo esto está muy claro para quienes escribimos en este espacio, sin embargo, lo que nos angustia es la encrucijada en la cual nos situó el gobierno con el contenido y el propósito del referendo que se realizará el 3 de diciembre ¿Debemos concurrir a ese evento referenciario? ¿Debemos rechazarlo como una patraña más de esta desventurada administración? 

La semana pasada recibimos un video en donde se demuestra la insólita desfachatez de Guyana en el cual mediante señales satelitales, se observa el desarrollo del margen oeste del río Esequibo por parte del gobierno guyanés. No se trata de sitios de explotación petrolera cerca del límite de la zona en reclamación o en aguas continentales que legítimamente pertenecen a Venezuela, sino construcciones de hospitales, escuelas, carreteras y urbanizaciones enteras con todos sus servicios en espacios que se adentran por kilómetros en el territorio que consideramos nuestro. 

Los objetivos del gobierno con el referendo están claros, luego de surgir la idea con posterioridad a la “pela” que le dio la ciudadanía con el proceso de Primaria. Está claro también que debido a las imprudencias demagógicas de “El Comandante Eterno” empujó a Guyana a aprovecharse de la situación al declarar que Venezuela no se opondría a cualquier desarrollo en la franja en reclamación, si iba en provecho de la población. Si, es un entreguismo criminal, pero creemos que no debemos quedarnos de brazos cruzados ante el avance arrollador de ese pequeño gran país, apoyado actualmente por todos los gobiernos de la región caribeña, incluyendo a la insidiosa y gozona Cuba, que ahora pretende saborear las mieles del país con el más alto índice de crecimiento económico de mundo: Guyana, aprovechándose de nuestras riquezas minerales.

Expertos y políticos han opinado lo que debe hacer el venezolano ante el referendo: concurrir con una respuesta igual a todas las preguntas, concurrir y contestar alternativamente con un “no” o con un “si” a cada pregunta o no concurrir en absoluto al llamado del referendo. También conocedores del Derecho Internacional han opinado acerca de lo absurdo, por sus respuestas obvia, a las preguntas del referendo pues la defensa de la integridad del territorio nacional no se pregunta, sino que se ejerce por parte de los órganos del Estado. También se pronuncian esos expertos acerca de los peligros guerreristas sin sentido que se asoman detrás de algunas preguntas y de la riesgosa actitud del gobierno venezolano de desconocer la competencia del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), asunto ya resuelto y que implícitamente reconoce el gobierno al litigar en su seno.

Una manera de ayudar a la contraparte guyanesa es dar la batalla en el frente equivocado, eso debe ser denunciado por la ciudadanía. Los esfuerzos por conservar el Esequibo hay que darlos en el TIJ, porque cualquiera otra opción està descartada incluyendo a la insensata y temeraria opción guerrerista, sobre todo tomando en consideración que la Fuerza Armada venezolana no ha podido desalojar a los bandoleros del ELN colombiano que se apoderaron de nuestra frontera en el Estado Apure. El referendo consultivo es una costosa distracción que corre a favor de Guyana.

Lo que decida el TIJ es definitivo. Amenazar con desconocer esa decisión es propia de mentes descriteriadas que se echarán a la opinión mundial en contra y convertirían a Venezuela en una especie de Hamás caribeño. Pero qué hacer ante el referendo: ¿Desaprovechamos la oportunidad de protestar ante la actitud abusiva de Guyana? ¿Mandamos al gobierno a la porra con su tramposa actitud demagógica, no concurriendo? ¿Concurrimos y respondemos a las preguntas en la forma que creamos conveniente? ¿Qué hará el bellaco gobierno con los resultados del referendo?

Ese es el laberinto en el cual el gobierno ha puesto a los venezolanos ¿Qué hacer ante esta dilemática situación? Hasta esta pregunta llegamos, pues su respuesta depende de la libre voluntad de la ciudadanía.  

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez

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