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La ONG Foro Cívico denunció el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición política «paralicen la implementación» del Acuerdo de Barbados, así como otros «compromisos con la construcción de un camino pacífico e institucional para la recuperación de las libertades democráticas».
En un comunicado de prensa fechado el 10 de diciembre de este año, la asociación civil exhortó a las instituciones políticas que hagan un «realizar un esfuerzo extraordinario» para frenar que el Estado y agentes del Partido Socialista Unido de Venezuela «produzcan detenciones y acusaciones sin ningún respeto a las garantías procesales y constitucionales, aumentando la crispación y el conflicto político alejando las soluciones que el país tanto necesita».
Foro Cívico describió las necesidades de la sociedad civil frente a los derechos humanos en siete puntos:
- Cumplir los compromisos con la delegación de Estados Unidos para liberar a los presos políticos y aflojar las sanciones económicas a los funcionarios gubernamentales «para garantizar la preservación de los avances en materia de levantamiento de sanciones sectoriales, necesarios para la recuperación económica del país y condiciones de vida digna para los venezolanos».
- Cesar los señalamientos y encarcelamientos a los dirigentes políticos, sindicales y activistas de derechos humanos, «al igual que las posibles detenciones o las ya ejecutadas, así como los recientes señalamientos».
- «Avanzar en la ejecución del Acuerdo sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales (…) favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país, tal y como reza en el mencionado acuerdo».
- Garantizar las leyes constitucionales, sobre todo en materia electoral. Afirman que el CNE debe enviar los resultados del referendo consultivo sobre el Esequibo, celebrado el 3 de diciembre, de forma transparente.
- Impulsar la transparencia en la Contraloría de la República, dado que diversos actores del espectro político nacional no han recibido las notificaciones de sus inhabilitaciones formalmente, negándoseles así el debido proceso, como el procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación acordado entre las partes el pasado 30 de noviembre».
- «Actuar con responsabilidad en torno a la defensa de la soberanía con estricto apego al derecho internacional» para impedir que el conflicto político del Esequibo no disturbe el proceso de elecciones presidenciales del 2024, tal como se acordó en Barbados.
- Reducir el discurso público conflictivo, para «avanzar en la ejecución del Acuerdo sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales (el Acuerdo de Barbados)».
Estados Unidos advirtió el 2 de diciembre con volver a endurecer las sanciones contra Venezuela por la falta de progreso hacia la liberación de estadounidenses y «presos políticos» detenidos «injustamente», entre ellos un ciudadano norteamericano detenido arbitrariamente debido a presuntas acusaciones psuvista sobre «sabotear» el referendo consultivo y tener conexiones con la petrolera ExxonMovil, quién tiene concesiones de explotación en el territorio disputado con Guyana.
Al mismo tiempo, a tres días de que culmine el lapso del Tribunal Supremo de Justicia para recibir las solicitudes de personas presuntamente inhabilitadas para saber de su estatus político, ningún líder político de oposición sabe si está realmente inhabilitado o no, y el Tribunal niega amparar las solicitudes para corroborarlo.
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