El Observatorio ambiental Proyecto EPA, de la ONG Fundaredes, denuncia la actitud «complaciente» del Estado frente a la minería ilegal, actividad que cobró la vida de al menos 16 personas en el reciente derrumbe de la mina «Bulla Loca».
Control por grupos armados: Según Proyecto EPA, el Estado ha permitido que «grupos armados irregulares controlen y exploten las minas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o sanciones efectivas» en el Arco Minero del Orinoco, donde se ubica la mina «Bulla Loca».
Amenaza ambiental: La organización advierte que la minería ilegal en esta zona representa una grave amenaza para la reserva natural más importante del país, con impactos como la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad.
Impacto social: La tragedia de «Bulla Loca» no solo afecta al medio ambiente, sino también a las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su sustento. Además, se denuncia la existencia de trabajos forzosos y condiciones de esclavitud moderna para quienes laboran en las minas.
Respuesta oficial: Nicolás Maduro ordenó a la FANB un plan de recuperación y reforestación en la zona, pero Proyecto EPA denuncia «actuaciones corruptas de algunos funcionarios» en la zona de La Paragua, cercana a la mina colapsada.
Falta de medidas: En 2023, el Ejecutivo desalojó a más de 10.000 mineros ilegales de la Amazonía venezolana, sin ofrecer detalles sobre su destino o si enfrentaron algún proceso legal.
