Las fallas en la actualización del Registro Electoral buscan desalentar la participación de los venezolanos para las elecciones presidenciales previstas para el mes de julio. Así lo afirmó la ONG Acceso a la Justicia.
A través de su página web, la ONG señaló las cuatro irregularidades en el proceso de inscripción y actualización de datos que afectan la participación y violan los derechos de los venezolanos a ejercer su derecho al sufragio.
Acceso a la Justicia indicó que la «desinformación y la improvisación» han reinado en cuanto a la ubicación de los puntos para el registro. Sobre esto, la organización Voto Joven denunció que al menos 21 centros de registros han sido trasladados en los últimos días a otras zonas, sin notificación previa.
Según la ONG, los 315 puntos que el árbitro electoral ha instalado para este proceso contrastan con los 531 que activó para las cuestionadas presidenciales de 2018, o los 1.558 que funcionaron para las parlamentarias de 2015.
Asimismo, el plazo de poco más de un mes dado para recibir nuevas inscripciones o realizar cambios de centros de votación es insuficiente para permitir el registro de las más de 3 millones de personas que han cumplido o están por cumplir los 18 años. Para las parlamentarias de 2015 el plazo fue de poco más de cinco meses.
La crisis de servicios públicos que atraviesa Venezuela también atenta contra el derecho de los ciudadanos a elegir y a participar en los asuntos públicos. En varias ciudades del estado Táchira se han registrado continuas fallas eléctricas y de internet que impiden realizar el trámite.
Venezolanos en otros países no se salvaron
Para los venezolanos que se encuentran radicados en el exterior, la situación no ha sido distinta. Hasta el 19 de marzo unas 20 embajadas y consulados en distintos países de América Latina y Europa no contaban con los equipos necesarios para poder realizar las inscripciones de nuevos electores o actualizaciones.
Sin embargo, el obstáculo mayor para la diáspora venezolana se encuentra en la Ley Orgánica de Procesos Electoral (Lopre), que en su artículo 124 exige que los venezolanos que están en el extranjero demuestren que «poseen residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela».
Acceso a la Justicia señaló que anteriormente el único requisito era la cédula de identidad laminada sin importar que estuviera vencida. Ahora, el derecho a votar de los venezolanos, queda en manos de autoridades extranjeras.
