OVP: El Estado usa el traslado carcelario como «castigo» a los presos y sus familiares #16Abr

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Trabajo de www.runrun.es

Para el primer trimestre del año 2024, al menos 30 000 personas privadas de libertad «sobreviven» en 34 centros penitenciarios en Venezuela, resultando en un hacinamiento de 184,84 %, «lo cual se considera en riesgo crítico conforme a los estándares internacionales». Así lo informó el Observatorio Venezolano de Prisiones en su boletín más reciente, publicado este 11 de abril, titulado «El desvío de la justicia: traslado de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos».

«El Estado ha vuelto una práctica común el traslado de los presos a discreción de las autoridades como un recurso para amenazar o como forma de castigo tanto al privado de libertad como a sus familiares», aseveró Humberto Prado, director del OVP, en una rueda de prensa digital.

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Después de la intervención militar a las cárceles de Tocorón, el Tocuyito y otros cinco centros penitenciarios venezolanos durante el despliegue militar «Operación Liberación Cacique Guaicaipuro» entre los meses de septiembre y octubre de 2023, la ONG pudo constatar, a través de entrevistas con privados de libertad y sus familiares, que los funcionarios de seguridad podían estar hasta un mes sin informar del paradero de los presos

En Runrun.es condensamos los hallazgos del Observatorio Venezolano de Prisiones en cinco claves: 

38,14 % de las plazas en las cárceles venezolanas no están operativas

Solo 34 de los 52 centros carcelarios en Venezuela están operativos. El Observatorio calculó que se han perdido 10 008 plazas y la capacidad real instalada de las cárceles son de 16 230 plazas (que debería ocupar un privado de libertad cada una). 

«Es importante mencionar que se está contabilizando 750 plazas disponibles del Internado Judicial de la Región Capital Rodeo I, su población reclusa mayormente se trata de personas privadas de libertad por motivos políticos», aclara la ONG en su informe.

A través de entrevistas protegidas, el Observatorio afirmó que el Estado abrió la cárcel Rodeo I después de estar varios meses sin servicios, pero «hasta el primer trimestre de 2024 dicho Internado Judicial no está utilizando más del 15% de su capacidad real instalada». 

Advierten que el Estado y los funcionarios de seguridad no están separando a los privados de libertad por el delito cometido, su situación jurídica, sus antecedentes penales, su situación de vulnerabilidad y su enfoque diferenciado, «lo que representa un riesgo a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad, afecta incluso, el proceso de reinserción social». 

«Tenemos un hacinamiento crítico, en números rojos. La cifra de hacinamiento carcelario es mayor si se evalúa de manera individual cada centro», dijo Prado.

«Hicimos el seguimiento a los traslados masivos que se hicieron en siete establecimientos carcelarios (de la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro), y esas casi 8 000 personas fueron trasladadas a centro donde ya había una tasa de hacinamiento crítico», agregó.

Opacidad sobre el paradero de los reclusos

El Estado y los funcionarios venezolanos trasladan a los privados de libertad sin notificar a los familiares ni abogados el motivo de la movilización o el destino final. 

«Los familiares nunca se enteran por la directiva del recinto carcelario o del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. En algunas ocasiones, saben que su pariente ha sido dirigido a otro penal
cuando realizan la visita penitenciaria, donde las autoridades de la cárcel les informan que ya no se encuentra recluido en ese lugar», se lee en el informe, agregando que en otras oportunidades el propio privado de libertad es quién informa de su traslado por llamadas telefónicas en el nuevo recinto.

En el caso de la intervención de la cárcel el Tocuyito, el 24 de octubre de 2023, los familiares de los privados de libertad tardaron hasta un mes para ubicar el paradero de los presos. «En la mayoría de los casos ni el privado de libertad se le notificaba del traslado», agregó Prado. 

Maltrato sobre ruedas: desprotección a los privados de libertad

«No comemos nada en la vía. Si hay frutas en «el rancho», como le dicen al lugar donde se hace la comida, se llevan un saco de naranjas y, bueno, cada cierto tiempo te dan una naranja para que no te deshidrates… no sé, para que lleves algo en el estómago». Esta es una de las declaraciones que recabó el OVP a un privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria (conocido como la cárcel de Uribana), en Barquisimeto, estado Lara. 

Entre los casos que evaluó la ONG se encuentran decenas de casos donde el Estado no les brinda chequeos médicos antes, durante o después del traslado. Incluso, existen reportes de muertes de privados de libertad durante un traslado debido a la nula atención sanitaria. 

Incluso, en todos los centros de reclusión se ha documentado que los funcionarios de seguridad aplican estrategias de maltrato para transportar múltiples privados de libertad en pocos vehículos. 

«No puedes levantar la cabeza. A veces, dependiendo de la guardia, esposan privado con privado, sino te esposan con el privado y con otra esposa a la pata de un asiento, lo que quiere decir que vas doblado, mirando para el piso, porque el brazo te lo tiran para abajo», agregó el privado de libertad en Lara. 

Otro tema es la falta de vehículos para hacer cualquier traslado de los privados de libertad, «incluso para el régimen de presentaciones en los juicios», dijo Prado. «El director del penal solo escoge una cantidad limitada de presos que serán trasladados a los tribunales, violando el debido proceso judicial. Incluso se ha denegado el traslado a los privados de libertad cuando se les solicita ir a un hospital, yendo en contra de un mandato judicial y quedando a completa discrecionalidad del director».

 La odisea de los familiares

Entre 287 y 1 574 kilómetros recorren los privados de libertad para ser trasladados de un penal a otro. La ruta más larga que han registrado es desde El Dorado, en el estado Bolívar (al extremo oriente del país) hasta la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira (al extremo occidental del país). 

«Estos traslados no toman en cuenta la cercanía del privado de libertad con los familiares, lo que vulnera los derechos humanos al victimizar a los familiares de los privados de libertad, que necesitan que les den medicinas y alimentos», dijo Prado.

En esos viajes, que pueden durar entre seis y 23 horas y media, los familiares gastan entre 50 y 182 dólares americanos de ida y vuelta (sin contar los gastos de las pernoctaciones y alimentación durante el viaje). 

El viaje más largo registrado por el OVP. Desde la cárcel «El Dorado» en Bolívar, hasta el Centro Penitenciario de la Región Occidental (CPO), estado Táchira.

«Calificamos que esto es un atentado criminal al bolsillo del familiar para reunir su dinero para reunirse con sus seres queridos, que en ningún momento le han notificado», agregó Prado. «Los privados de libertad son de la población con la mayor vulneración a sus derechos humanos en el país». 

El pranato sigue y desorganiza el traslado de los presos

De los 30 centros penitenciarios evaluados por el OVP, solo ocho están bajo la dirección del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Otros 15 están bajo una dirección «mixta» entre el pranato y el Ministerio y 7 están exclusivamente administradas por el pranato.

Advierten que después de la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro no hubo un patrón para distribuir a los 8 016 privados de libertad afectados por las intervenciones de las cárceles controladas por los pranes. Incluso, se pudo identificar que al menos 30 reclusos tuvieron que ser trasladados más de dos veces por los altos niveles de hacinamiento. 

«De la distribución de la población reclusa de las siete cárceles intervenidas, por lo menos 30 personas están en cada uno de 25 prisiones», destacó Prado. «Los lugares de recepción más convulsos fueron el Centro Penitenciario de Carabobo (con 696), El Internado Judicial Región Capital Rodeo III (con 533) y el Centro Penitenciario Región Occidental David Viloria en el estado Táchira (con 501)». 

El OVP advirtió que los familiares del 92 % de esa población trasladada ahora recorre más de 200 kilómetros para visitar, dar alimentos y medicinas que no provee el Estado, incluso deben viajar en curiaras o trochas. 

«Nuestra última petición es el traslado a los foráneos a su acercamiento familiar. Esto [en el Centro penitenciario Fénix Lara] es un penal de castigo, donde uno cumple 6 meses de castigo, 6 meses. Pero aquí estamos muchos que tenemos dos, cuatro, cinco y hasta 10 años. El que menos tiene, tiene 2 años, y no nos hacen traslados a nuestro penal de origen o acercamiento familiar», relató uno de los privados de libertad a la ONG.

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