La presión migratoria impuesta por la administración de Donald Trump ha encendido las alarmas entre miles de venezolanos que residen en Estados Unidos, muchos de ellos amparados hasta hace poco por el programa de parole humanitario, ahora anulado por el gobierno republicano.
La decisión deja en el limbo migratorio a más de 117.000 venezolanos, quienes hoy se enfrentan al riesgo de deportación o a la dura alternativa de regresar a un país en deterioro económico acelerado.
“Es un mal momento para ser venezolano en Estados Unidos… y también para ser venezolano en Venezuela”, resume Elizabeth, migrante radicada en Miami desde octubre de 2023. Su caso es uno de los cientos de miles que, con asilo en trámite y sin recursos para costear abogados, enfrentan una cuenta regresiva mientras la incertidumbre los consume.
El fin del parole y una tormenta perfecta
La eliminación del parole humanitario —programa que permitía vivir y trabajar legalmente en EE.UU. gracias al patrocinio de un residente— forma parte de una nueva ofensiva antimigratoria bajo el argumento del “aumento de la criminalidad”. Esta medida impacta no solo a venezolanos, sino también a cubanos, haitianos y nicaragüenses, sumando a la angustia migratoria una sensación de orfandad institucional.
La situación se agrava porque el retorno a Venezuela no es una opción viable. El país enfrenta una “tormenta perfecta”: aceleración de precios, devaluación del bolívar, contracción del consumo interno y caída de ingresos por petróleo tras la retirada de empresas extranjeras como Chevron, que llegó a aportar un 25% de la producción nacional.
“Venezuela se veía mucho mejor a principios de año”, comenta José Manuel Puentes, economista y profesor del IESA en Caracas. Pero ahora, explica, la situación es crítica: la inflación proyectada supera el 200% anual, el crecimiento económico real está en retroceso y la política monetaria sigue sin correctivos.
Deportaciones, discriminación y futuro incierto
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) ha deportado a al menos 4.600 venezolanos en lo que va de 2025. Otros tantos, como Elizabeth, temen caer en procesos de deportación expedita, que no requieren audiencia judicial y pueden ejecutarse de forma inmediata.
La alternativa para muchos sería autodeportarse a países como Colombia o Ecuador, donde también enfrentan dificultades de integración.
Estudios recientes publicados en el Journal of Public Economics muestran que los migrantes venezolanos reciben menores oportunidades laborales y salariales, incluso cuando poseen mayores niveles educativos que los candidatos locales. Además, encaran prejuicios en el acceso a vivienda, particularmente en ciudades colombianas donde se concentra la mayor diáspora venezolana del mundo.
“Somos anónimos”: la voz de los desplazados
“Preferimos retirarnos con las fichas de póker que nos quedan”, afirma Elizabeth, al explicar su decisión de evitar una deportación forzosa. “La petición de asilo te protege, pero somos anónimos. No hay tiempo para llorar. Somos venezolanos”.
El drama que viven migrantes como ella refleja una doble vulnerabilidad: por un lado, el endurecimiento de políticas migratorias en los países receptores; por otro, el colapso económico y la falta de garantías en su país de origen. Para millones de venezolanos desplazados, el exilio ya no es una elección: es una estrategia de supervivencia.
