Amnistía Internacional (AI) pidió a la Unión Europea (UE) “usar todos sus canales diplomáticos y multilaterales” para exigir al Estado venezolano información sobre el paradero de presos políticos y personas detenidas forzosamente.
La solicitud fue enviada mediante una carta dirigida a todos los Estados miembros de la alianza continental, como parte de una nueva alerta internacional sobre la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
En el documento, la ONG destaca que desde el 28 de julio de 2024 han sido desaparecidas 15 personas, entre ellas varios ciudadanos europeos. De ese grupo, ocho siguen con paradero desconocido y dos fueron entregadas a autoridades de Estados Unidos el 18 de julio, como parte de un presunto intercambio de prisioneros entre los gobiernos de El Salvador, Venezuela y EE. UU.
AI denuncia violaciones a los DDHH
Amnistía advierte que estas desapariciones forman parte de un patrón más amplio de represión estatal. La organización documentó persecución a disidentes políticos, detenciones arbitrarias de manifestantes, incluidos más de 200 niños y personas con discapacidad, uso excesivo de la fuerza y torturas, incluso sexuales, contra detenidos.
Además, denunció el uso de plataformas de servicios sociales como mecanismo de control político y la aprobación de leyes que criminalizan a organizaciones de la sociedad civil.
“La espiral de violaciones de derechos humanos desde las elecciones de 2024 y su grave impacto humano deberían ser una llamada de atención para redoblar el compromiso de la UE con la defensa de los derechos fundamentales en Venezuela”, enfatizó AI.
Acción diplomática y apoyo a defensores
La organización también instó a la UE a reforzar el apoyo técnico, político y financiero a defensores de derechos humanos, periodistas y ONG en el país, y a respaldar con firmeza los esfuerzos internacionales de justicia frente a posibles crímenes de lesa humanidad.
El informe se presenta en un contexto de creciente preocupación internacional por el deterioro institucional en Venezuela y por la intensificación de la represión política a menos de un año de las cuestionadas elecciones presidenciales.
