El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció este jueves la agresión sufrida el pasado 5 de agosto mientras realizaban una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas.
El grupo, integrado por madres, esposas, tías y hermanas de presos políticos, reafirmó que ni el miedo ni la violencia lograrán desmovilizar su lucha por la libertad de sus familiares detenidos.
A través de un comunicado, el comité agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras los hechos de violencia, que calificaron como una “brutal agresión” contra mujeres desarmadas que ejercían su derecho a la protesta pacífica.
“El terror que quisieron infundir en nosotras no logrará desmovilizar nuestra lucha pacífica por recuperar la libertad de nuestros muchachos injustamente presos desde hace un año”, afirmaron en el documento difundido en redes sociales y plataformas digitales.
Exigen investigación y sanción a los responsables
Las madres exigieron a las autoridades competentes que se abra una investigación de oficio y se revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad del área donde ocurrieron los hechos. El objetivo, señalaron, es identificar y sancionar a los responsables de la agresión que dejó a varias de ellas con heridas físicas y secuelas emocionales.
El comité también solicitó una audiencia con las magistradas Claryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del TSJ, y Elsa Gómez, presidenta de la Sala Penal, a fin de que se avance en la aprobación de las solicitudes de revisión de medida introducidas por el Fiscal General de la República, las cuales —según denunciaron— permanecen sin respuesta.
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“Nuestro amor de madres no será doblegado”
En su pronunciamiento, las mujeres enviaron un mensaje directo a sus familiares detenidos, asegurando que seguirán organizadas, movilizadas y firmes en su propósito de lograr justicia. “Los golpes, improperios y el horror que buscan imponernos no podrán doblegar nuestro amor de madres”, escribieron.
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad se ha mantenido activo desde hace más de un año, tras la detención de decenas de jóvenes durante protestas sociales y manifestaciones en distintos estados del país. Su lucha, enmarcada en la Constitución, busca visibilizar los casos, exigir el debido proceso y lograr la liberación de los detenidos por causas políticas.
