El gobierno de Nueva Zelanda anunció este martes una propuesta legislativa que busca prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales, en un esfuerzo por protegerlos de los riesgos que presentan estas plataformas, como la exposición a contenido violento, alarmante o perjudicial para su bienestar mental.
La iniciativa fue presentada por el primer ministro Christopher Luxon, líder del Partido Nacional, quien explicó que el proyecto contempla la obligación de verificar la edad de los usuarios antes de permitir el acceso a las plataformas sociales.
Las empresas tecnológicas que no cumplan con esta regulación podrían enfrentar multas de hasta 2 millones de dólares neozelandeses (aproximadamente 1,2 millones de dólares estadounidenses).
«Se trata de proteger a nuestros niños, se trata de asegurar que las empresas de redes sociales cumplen su papel en mantener la seguridad de nuestros niños», afirmó Luxon durante el anuncio oficial, subrayando que esta legislación es una respuesta urgente a la creciente preocupación pública por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores.
Factores de verificación para cumplir la medida
La propuesta se inspira en medidas adoptadas recientemente por Australia, país que en noviembre implementó una de las normativas más estrictas del mundo en esta materia, prohibiendo el acceso a redes sociales a menores de 16 años y estableciendo mecanismos de verificación de edad más rigurosos.
Para que la propuesta del Ejecutivo neozelandés se convierta en ley, será necesario el respaldo parlamentario de los otros dos partidos que conforman la coalición de gobierno liderada por Luxon.
La iniciativa ya ha generado reacciones divididas. Por un lado, ha sido bien recibida por asociaciones de padres y defensores de la infancia; por otro, empresas tecnológicas y organizaciones de derechos digitales han expresado preocupaciones sobre la viabilidad y el impacto de la ley.
Grandes firmas del sector han calificado iniciativas similares como «apresuradas», «vagas» y «problemáticas», alegando que podrían comprometer la privacidad de los usuarios y restringir el acceso a recursos legítimos para jóvenes.
El Parlamento discutirá la propuesta en las próximas semanas, en medio de un debate global sobre el rol de las redes sociales en la vida de los menores y la responsabilidad de las plataformas digitales frente a su bienestar.
