La ONG Médicos Unidos de Venezuela fijó posición ante el incidente ocurrido en el Hospital Central de Maracay, estado Aragua, cuando el pasado 29 de abril un hombre de 19 años tomó como rehén a una joven médico residente del postgrado de Pediatría mientras sujetaba su cuello y la amenazaba con un destornillador para exigir atención médica para su hijo, quien estaba hospitalizado en esta institución.
Mediante un comunicado, la organización aseveró que en la reacción del joven había una “dicotomía no menos que alarmante”. Por un lado, recordaron que mientras un grupo de personas reivindica la acción “desesperada del agresor”, también han surgido “ataques y acusaciones desmedidas contra médicos, personal de enfermería, etc. que labora en instituciones en las que es el Estado el único responsable directo de su dotación y de su infraestructura y nadie más“. Por otro lado, un grupo se oponía a las acciones de este padre, “e incluso reclamaron para él una severa respuesta de los organismos de seguridad, por tratarse de una situación de rehenes”.
Ante este polvorín de opiniones, Médicos Unidos de Venezuela planteó la siguiente pregunta: “¿Quién es la víctima?”. En primer lugar, recordaron que dos semanas antes, el bebé al que hace referencia ingresó al Hospital Central de Maracay, procedente del Hospital de Niños, Dr. Jorge LIzarraga, de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, con el diagnóstico de una lesión tumoral cerebral, que no pudo ser atendida quirúrgicamente en ese centro “por no contar con cupo en la unidad de Cuidados Intensivos que requería durante el período pre y postoperatorio”. Allí comienza la espera.
“No es difícil imaginar las circunstancias que rodean a esta situación cuando vemos el video y se
escucha a un padre exigiendo respuestas, y a una joven colega que, aunque sabe su vida en peligro,
mantiene y llama a la calma”, refirió el comunicado.
Las víctimas
En medio de todo el panorama comienzan a surgir las respuestas, según Médicos Unidos. El bebé es la primera víctima “de un sistema público de salud que no tiene la capacidad de ofrecer soluciones, ni siquiera ante situaciones tan básicas como la atención prenatal, esquemas de inmunización o el desarrollo adecuado de nuestra infancia”.
La ONG recordó que al bebé enfermo el hospital más importante de su estado natal no lo pudo atender y debió ser trasladado con el consentimiento de sus familiares y el debido trámite hacia otra institución, en un estado distinto. En este punto la organización recordó que en este, así como otros centros hospitalarios del sistema público nacional, “existe demora en la realización de estudios paraclínicos, muchos de los cuales deben ser costeados por el propio paciente, así como una larga lista de insumos que tampoco están disponibles en nuestros hospitales y que hacen que hoy día, en Venezuela tengamos el más alto costo-bolsillo en salud, de todo el continente”.
La segunda víctima de acuerdo con la organización es el personal sanitario agredido, lo que ya ha ocurrido en otros centros de salud del país. En este caso, una médico joven residente del servicio de Pediatría del hospital. Sobre este servicio, Médicos Unidos de Venezuela recordó que otrora disponía de al menos 100 plazas para residentes en las especialidades de Pediatría y Puericultura, Cirugía Pediátrica y otras subespecialidades, pero actualmente solo cuenta con 40 residentes, para la atención de una población pediátrica que va en aumento, “mientras el recurso humano en formación merma preocupantemente”.
Esta médico residente no solo fue víctima de la violencia en el hecho, sino que su vida estuvo en riesgo “por decisiones que ella no toma, por la falta de insumos que ella no controla, por la desidia estructural de un sistema de salud, que ella no gerencia”. A todo eso se le suma que ella, como muchos otros, “ejercen su profesión en las peores condiciones que se puedan esperar, con un ingreso total que no roza los 160 dólares mensuales, en jornadas a dedicación exclusiva, con el péndulo de la violencia sobre su cabeza y la certeza de que está sola a merced de la inseguridad, mientras trata de salvar vidas”.
El Estado es el único responsable
Médicos Unidos de Venezuela enfatizó en quién tiene la responsabilidad de que los centros de salud públicos funcionen adecuadamente: “Es el Estado el único responsable de garantizar la correcta dotación de los hospitales en cuanto a material médico quirúrgico, áreas quirúrgicas con poder resolutivo en todas las especialidades, medicamentos, realización de estudios de rutina y especiales, insumos de limpieza, mantenimiento y mejoras de infraestructura”.
Todo esto debe darse de manera regular, en cantidades suficientes y de calidad. También, la organización sostuvo que el Estado es responsable de “asegurar las condiciones de funcionamiento suficientes, como para que cada ciudadano que acuda en búsqueda de restaurar su salud o la de los suyos encuentre respuesta oportuna y adecuada a su necesidad. Es el Estado, no los médicos o el personal del equipo de salud”.
Para finalizar, la ONG expresó que la reacción del padre del bebé no solo no resuelve la situación de su hijo, sino que además “se constituye en un crimen en sí mismo” y esto redundará en “mayor sufrimiento para la población más vulnerable”, porque sienta un precedente “que desnuda ante los ojos de todos, la tremenda inseguridad que vive el personal de salud dentro y fuera de los centros de salud, especialmente en turnos y guardias nocturnas, días feriados y fines de semana”.
“Una razón más para que nuestros médicos sigan cruzando las fronteras y cada día los enfermos tengan menos oportunidades de sanar y salvar sus vidas”, agregó.
