El adelanto de los procesos electorales forman parte de la estrategia del gobierno para implosionar la oposición; pero, el rechazo que tiene ha quedado demostrado con las elecciones del 25 de mayo y será ratificado en las venideras, según la apreciación del doctor Guillermo Palacios, parlamentario larense de larga trayectoria y permanente denunciante de casos de corrupción.
En el último proceso de alguna manera logró incursionar en algunos partidos que se plegaron al propósito oficialista de llevar a cabo unas elecciones a destiempo, por cuanto las mismas han debido realizarse a finales de año, expuso. De ese modo se podrían juramentar gobernadores, diputados de la Asamblea Nacional e integrantes de los consejos legislativos en el tiempo establecido por las normas legales.
El gobierno lo que trata con esa práctica de adelantar elecciones es pasar la página del 28 de julio de 2024, pero ni nosotros quienes creemos en la democracia, ni el pueblo venezolano que ese día votó por el cambio, está pasando página y no concurrió al proceso del 25 de mayo, como lo hará en otros procesos, porque no se ha aclarado lo relacionado con las elecciones presidenciales.
Las condiciones y garantías que hubo para el 25 de mayo fueron más críticas que las del 28 de julio y los resultados arrojaron muchas más dudas porque si la noche de este último proceso el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, dio unas cifras para decir las identidades de quienes habían sido designados; pero, al día siguiente, el lunes, los números fueron incrementados y, además de principales, aumentó el número de suplentes.
Si al último proceso no asistió el 85 por ciento de los electores porque no existían condiciones para hacerlo, no creo que la situación sea distinto en un nuevo proceso, sostiene el doctor Palacios, quien señala que por todo lo que ha venido ocurriendo hay que recurrir a la Constitución.
El artículo séptimo precisa que la Constitución es la norma suprema y que todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a ella, explica, y que todo acto (artículo 25), en este caso instrucciones, que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y las leyes tienen sanciones.
Concretamente, quienes ordenen instrucciones contrarias a lo que dice el mencionado artículo incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que sirvan de excusas órdenes superiores.
El artículo 139 reza que el mal ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación del poder, asienta el doctor Palacios. Siendo esto así, recordamos que los artículos 160 y 162 de la Constitución establece que el período de gobernadores y legisladores es de cuatro años, lo cual significa que el período de los actuales se vence en noviembre de este año, porque fueron electos el 21 de noviembre de 2021 y los designados en forma adelantada se deben juramentar en noviembre de este año. Y de igual los diputados de la Asamblea Nacional deben hacerlo en 2026.
