La organización no gubernamental Provea exigió el jueves 3 de julio la liberación inmediata de cinco defensores de derechos humanos detenidos en Venezuela, señalando que sus procesos judiciales carecen de garantías mínimas.
Provea denunció que los casos de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejeda y Eduardo Torres, este último abogado del equipo legal de la organización, reflejan una situación sistemática de incomunicación, aislamiento y restricciones al derecho a la defensa.
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Durante la presentación del informe “El Apagón Democrático de Venezuela” en Barquisimeto, Oscar Murillo, coordinador general de Provea, denunció que estos casos reflejan un patrón sistemático de restricciones al espacio cívico y debilitamiento del Estado de derecho.
“Hay una situación de aislamiento prolongado e incomunicación absoluta de estas personas con sus familiares y seres queridos. Eso está ocurriendo, lo estamos registrando y no podemos normalizarlo”, sostuvo Murillo.
Derecho a la defensa privada
El coordinador de Provea sostuvo que en Venezuela se ha desdibujado el derecho a la defensa y se ha impuesto como norma la figura del defensor público, incluso cuando la persona no lo ha solicitado.
“Prácticamente se ha olvidado que toda persona tiene derecho a un defensor privado de su confianza, a todas estas personas les imponen un defensor público«, aseguró. En ese sentido, afirmó que en 2024 conocieron el caso de un defensor público al que le asignaron 100 casos.
«Lo que vemos es una pantalla, es una arquitectura paralela para decir que sí hay derecho a la defensa. No hay derecho a la defensa en Venezuela”, sentenció Murillo.
Garantías fundamentales y denuncias del Alto comisionado
El coordinador de la ONG recordó que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también ha expresado preocupación por estas detenciones en Venezuela.
La semana pasada, Türk pidió la liberación inmediata e incondicional de los defensores y activistas detenidos, señalando que muchos de ellos han sido sometidos a desapariciones forzadas temporales, aislamiento prolongado, falta de atención médica y ausencia de garantías judiciales.
“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, en todos sus informes ha dicho que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad. Es decir, que los ataques son generalizados y sistemáticos contra una población que, en este caso, es la población disidente”, subrayó.
Informe por el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas
La organización anunció que en agosto, con motivo del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, publicará un informe especial con testimonios de familiares y víctimas. Mientras tanto, insistió en que las familias continúan siendo las principales defensoras de derechos humanos frente al silencio institucional.
“Antes, en 2014 o 2017, las personas eran detenidas y había vigilias frente a los tribunales. Hoy las familias pueden pasar semanas sin saber dónde están sus seres queridos. Lo vivimos con las hijas del exministro Rodrigo Cabezas, y también con personas anónimas, de comunidades más vulnerables, que no tienen cómo hacerse escuchar”, denunció.
Provea concluyó que el deterioro del sistema de justicia en Venezuela “no puede seguir normalizándose” y reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas y denunciar estos casos ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
