Universidades en la mira electoral

Si hay una institución dentro del sistema político administrativo venezolano cuyo futuro pareciese que en gran medida está condicionado –como ninguna otra – por el evento electoral del próximo 7 de octubre, ella es sin duda la universidad.
En términos de la coyuntura, el período que media desde hoy hasta esa fecha, por ejemplo, encuentra a la casas de estudios superiores que debían renovar sus autoridades mediante los respectivos procesos comiciales, en un verdadero limbo jurídico- organizativo, con gestiones prorrogadas y provisionales. Situación inédita en la historia de la universidad, entre otros factores, producto de la incapacidad gubernamental para decidir y tomar medida. Por una parte, del despacho ministerial en cuanto a la remoción y nombramiento de nuevas autoridades, en una especie de gerencia “dejar hacer, dejar pasar”, que denota negligencia y complicidad por falta de articulación para exigir de la paquidérmica Sala Constitucional del TSJ, el debido pronunciamiento respecto a la inconstitucionalidad o no de la Ley Orgánica de Educación (Artículo 34), solicitado desde el 2009.
Nunca antes, la indecisión por razones electoreras tuvo el peso de la espada de Damocles y la incertidumbre y la anomia, coparon el ambiente académico como ahora, cuando las decisiones gubernamentales y gremiales dependen o se aplazan para después del siete de octubre.
Paradójicamente, en los tiempos de la denominada IV república, gobiernos de derecha no vacilaron en decidir y allanar e intervenir la UCV como centro de la subversión política propiciada por los movimientos revolucionarios de izquierda; hoy, un gobierno revolucionario de izquierda es indiferente frente a quienes paralizan las actividades en demanda de legítimas reivindicaciones por ajustes salariales; reconocimiento de deudas acumuladas por pago incorrecto de los bonos vacacional y de fin de año desde 2002; y montos correspondientes a intereses de prestaciones sociales, desde 1998.
En esa confrontación, aparecen contradictorias medidas y tímidas amenazas de descuento salarial por parte de algunas autoridades rectorales y, a su vez, llamados desesperados de los organismos gremiales a participar activa y plenamente en las acciones de calle, advirtiendo que hay un desgaste evidente, sin que el gobierno haya modificado su actitud. Luego de transitar a lo largo del año pasado por medidas de presión similares, se acordaron medidas de paro semanales por cuarenta y ocho horas que se están ejecutando en este mes de junio, con apego al mismo guión o formato por parte de los principales actores involucrados  en el conflicto.
Cada uno, desde su óptica electoral, asume que no está ocurriendo absolutamente nada, sin importar el costo institucional y el impacto social que representa para la comunidad universitaria y el país, en general. Nos debatimos entre el éxito de la paralización de actividades y el fracaso de dichas medidas, según la lectura que de ellas se hace.
En el ojo del huracán electoral que se avecina, inscritas como fueron las candidaturas presidenciales en el CNE, altos funcionarios del despacho de educación universitaria, dirigentes gremiales, profesores, estudiantes, empleados y obreros, en buen número, se incorporan a los respectivos comandos de campaña. “La batalla por la universidad que queremos la daremos el próximo 07 de octubre”, parece ser la consigna que alienta desde ya una contienda en la cual se avizora: primero, el anuncio de un paro indefinido a partir del mes de julio o la no incorporación a clases en septiembre, a escasas semanas de la fecha cumbre, dentro de la ruta electoral de la oposición.
Segundo, en sintonía con lo que ha sido la respuesta unilateral del gobierno en los últimos años, se recurre al argumento de la nulidad de las Normas de Homologación; se acusa a los Consejos Universitarios de no haber entregado la data para cuantificar los pasivos laborales; se espera por la instalación de mesas de diálogo en las cuales nadie cree y, finalmente, termina aprobándose un ajuste salarial que no compensa las expectativas laborales, tratando de desmovilizar la protesta.
Entre tanto, más allá del inmediatismo, la dinámica política exigirá ir definiendo y construyendo escenarios para afinar las estrategias universitarias poselectorales.