Las autoridades mexicanas informaron el martes que los forenses austriacos que colaboran en la identificación de restos que podrían ser de algunos de los 42 estudiantes desaparecidos en septiembre no encontraron trazas de ADN en los restos analizados.
La Procuraduría General de la República explicó que el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, indicó que «un calor excesivo» dañó las muestras de ADN de los 17 fragmentos de huesos y dientes que recibió.
La universidad logró identificar en diciembre a sólo uno de los 43 desaparecidos entre los restos que las autoridades enviaron al país europeo.
Ahora intentará hacer una prueba más, denominada «secuenciación masivamente paralela» que utiliza un gran número de computadoras al mismo tiempo sobre el ADN, pero advirtió que el riesgo de destruir las muestras sin conseguir información adicional es alto. La fiscalía mexicana está a favor del intento, que según los científicos austríacos puede tomar alrededor de tres meses.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los estudiantes, dijo que no se informó antes a los padres de los resultados ni de la decisión de hacer nuevas pruebas.
El Equipo Argentino de Antropología Forense señaló a The Associated Press que compartía lo hecho público por la Procuraduría y consideraba acertada la propuesta de nuevos análisis sugeridos por la Universidad de Innsbruck, pero manifestó su «preocupación» porque no se hubiera comunicado los resultados a los familiares antes de darlos a conocer a la prensa.
Rosales dijo que la posible destrucción de los restos «va a impactar en las creencias de los padres de familia».
La mayor parte de las familias son de origen indígena y campesino y a través de su representante legal han protestado por la falta de comunicación por parte del gobierno.
«En las tradiciones campesinas el tema del duelo es muy simbólico, es muy importante», dijo Rosales.
«Yo creo que antes de tomar la decisión, PGR (la Procuraduría General) debió consultar, debió pedir el parecer de los familiares, pero no se hizo», añadió.
Según la versión oficial, los estudiantes fueron secuestrados cuando policías municipales de la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, requisaron los autobuses en los que los jóvenes viajaban para participar de una manifestación. Posteriormente y tras una orden del alcalde de Iguala José Luis Abarca, en prisión junto a su esposa, fueron entregados a un grupo de policías de Cocula, un municipio vecino.
Aún no se sabe cómo ni en qué momento los policías los pusieron en manos de un grupo de sicarios del cártel de los Guerreros Unidos que los trasladó a un basurero donde los interrogó y quemó sus cadáveres en una inmensa pira de madera, neumáticos y diésel antes de introducirlos en bolsas de plástico y tirarlos a un río.
El caso ha generado una gran controversia tanto en México como en el extranjero y ha sido el detonante de un fuerte cuestionamiento de los vínculos entre algunos grupos del crimen organizado, las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad.
Durante las investigaciones fueron detenidas más de 70 personas, la mayoría policías. El gobernador del estado de Guerrero dimitió por el caso.
