El problema operativo e institucional que enfrenta el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el empleado del ministerio de Educación (Ipasme), es materia de debate en la sede del organismo nacional, en Caracas, donde, tras extendidas jornadas de conversaciones, el Estado no da su brazo a torcer sobre sus decisiones de congelar la tramitación de reposos superiores a 72 horas y la eliminación de la junta médica para la solicitud de incapacidades.
Así lo informó Ramón Eladio Rengifo, presidente del Colegio de Profesores, quien declaró que el ministerio no ha presentado mejoras en la institución después de la instalación “arbitraria” de 12 juntas administrativas interventoras. Como muestra, presenta que 19 de las 65 unidades médico odontológicas están paralizadas por problemas de equipos y medicinas.
“El Estado alega que suspendió ambos servicios sociales debido a que docentes han falseado su enfermedad para tramitar incapacidades. Pero este problema no es nuestro, puesto que el mismo ministerio debe ocuparse de realizar una contraloría laboral en todas sus juntas médicas. Además, ese memo enviado por la oficina de Personal carece de la fuerza que tiene un reglamento como la Ley Orgánica de Educación”.
El profesor planteó al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, la constitución de una nueva junta directiva del Ipasme a cargo de docentes, administrativos, obreros y representantes del patrono (ministerio), tal y como lo establece el reglamento interno de la institución, para así generar tomas de decisiones justas en beneficio del sector educativo.
Alerta de protesta por desconocimiento salarial
Por otra parte, el profesor Rengifo alertó al magisterio nacional a estar alerta ante nuevas acciones de protesta, por la negativa del ministro a reconocer un nuevo ajuste salarial para antes de octubre de este año, cuando se debatirá una nueva convención colectiva. Los docentes no reciben ajuste desde septiembre de 2014, cuando recibieron 15% de aumento salarial.
“Nuestra petición de cinco salarios mínimos es totalmente justa, y lo sustentamos por el costo de la canasta básica que ronda los 30 mil bolívares.
Los sueldos de nuestros docentes que van de 5 a 10 mil bolívares son insuficientes ante el elevado índice inflacionario del país. Cuando firmamos la VI Convención Colectiva, le advertimos al ministro que si en el 2015 la inflación golpeaba nuestros sueldos, invocaremos a la sexta cláusula de la segunda y tercera Convención”.
