Editorial: El Gobierno dejó de marcar la agenda

El miedo es libre y cada quien tiene derecho a reclamar debida protección si su vida se siente amenazada, pero no creemos que al venezolano le parezca creíble la existencia de un plan en marcha, destinado a acabar con la vida de Nicolás Maduro y el presidente de la AN incluido. Sí tiene claro el pueblo que salir después de las seis de la tarde a pie, por cualquier avenida pública, es casi decretar un suicidio a lo cual se suman un conjunto de calamidades que matan de manera progresiva la esperanza.

El día del anuncio de la detención de unos presuntos sicarios, con armas y fotos que demostrarían su intención de matar al Presidente, noticia conocida en transmisión casi conjunta de todas las televisoras del país, por lo menos en el estado Lara sus habitantes no tuvieron mucho tiempo de reparar en los detalles. Los vecinos de las comunidades rurales de Cruz del Padre y La Capilla, en la zona alta del municipio Morán, trancaron la carretera que comunica a la población de Guarico con la ciudad de El Tocuyo, y con el resto del estado Lara, cansados de promesas incumplidas.

El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del estado Lara denunció, ese mismo día, la paralización de obras emblemáticas de la entidad por falta de recursos a lo cual se sumó, en las horas siguientes, noticia sorpresiva: cárcel para el gerente del Sambil Barquisimeto y el jefe de seguridad del centro comercial, por tener el atrevimiento de brindar asistencia médica a los manifestantes de los pasados hechos de abril, cuando estudiantes y ciudadanos reclamaron antes las puertas del CNE el reconteo de votos.

Considera la juez del caso que prestar ayuda al prójimo como bien lo ordenó Jesús en palabra bíblica- quien está por encima de la ley de los hombres-, es delito condenable si quienes sufren son contrarios al régimen.

Otras noticias le han impedido al  larense preocuparse por la denuncia del magnicidio. Conmovió la muerte de una jovencita de apenas 13 años a manos de un criminal quien le arrebató su temprana existencia en una calle de Tierra Negra. A otro adolescente, cuya familia contaba en su desolación su trayectoria exitosa en el fútbol, se le negó la vida por no dejarse robar la moto. El pueblo, ese mismo del cual hablan los gobernantes en genérico, tiene nombre y apellido. Sufre y se lamenta. Ese pueblo es el ciudadano que cerró la vía en demanda de servicios y respuestas; la mamá de los jóvenes muertos en la tragedia de un país al cual día a día le arrebatan lo suyos. Ese pueblo  son los familiares de quienes cometieron el error de dar una mano a manifestantes agredidos por la Guardia Nacional y ahora, en lugar de recibirlos en la decencia de su hogar, deben acudir a verlos tras las rejas como si se tratara de criminales de la peor factura quienes, dígase de paso, también tienen derechos.

De esta forma, la realidad (la terca realidad) va contra los designios del ahora mandante, quien arroja culpas a Obama y Uribe esperando generar una conmoción mundial que sólo deriva en irónica sonrisa porque es difícil creer en el compromiso de una gestión de Gobierno e incluso en algunos de sus seguidores. Sólo citar el caso del diputado del PSUV quien armó tienda en Siria para defender un régimen extraño para cualquier venezolano.

Ahora, puesto a defender a alguien, que se venga a los barrios nacionales donde la guerra se libra cada día.
De esta forma queda claro el panorama: pueden hablar de desestabilización, de planes ocultos o videos trucados: la realidad es terca y no se silencia. Mientras ellos exigen que todos hablen del magnicidio, la voz del pueblo reclama otra verdad. Los hechos se suceden para bien o para mal de un Gobierno que por su propia torpeza dejó de marcar la agenda.

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