No hay leyes que obliguen al BCV a dar indicadores en lapso determinado

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, asegura en relación con las demoras del Banco Central de Venezuela en entregar las cifras en torno al comportamiento de la economía, que no hay leyes que le digan al instituto emisor que debe hacer la publicación en tantos días.

Durante entrevista televisiva, indicó que lo que dice es que la institución responsable, en este caso el BCV, debe emitir los resultados y ellos tienen los estudios. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En realidad, el BCV debe emitir el informe del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en los primeros 10 días de cada mes, por lo cual el organismo está en mora, por cuanto no emite las cifras desde el pasado mes de mayo.

Por otra parte, Sanguino negó que exista rigidez en el control de cambios que se aplica en Venezuela. Durante los once años de su vigencia, razonó, “se produjo una estafa por parte de los empresarios” que el Estado investiga a objeto de penalizar a las empresas que hayan cometido este delito.

Dijo que la aplicación del sistema biométrico está ajustada a derecho y con su implementación no se violenta la Constitución.

Sobre el contrabando señala que hay mafias en los países vecinos que se han organizado para captar bienes esenciales o productos de la canasta básica.

Nunca había existido un retraso de este tipo

Los datos de inflación -que debe divulgar el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística- acumulan un evidente retraso.

“Esto destruye la credibilidad del Banco Central. Desde que se calcula la inflación no ha habido un retraso de este tipo”, alerta el economista y catedrático José Guerra, exgerente de Investigaciones Económicas del BCV.

El único episodio similar había ocurrido a finales de 2013, cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro -en pleno pico inflacionario- retuvo los datos de noviembre durante un mes hasta pasar el desafío de las elecciones municipales.

Medio año después “el Gobierno no ha querido hacer públicas las cifras de inflación de 5,5% y 5,2% para los meses de junio y julio”, estima Guerra al citar datos proporcionados por técnicos del BCV.

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